La alcaldesa de Cartagena y presidenta de la Comisión de Violencia de Género de la FEMP, Noelia Arroyo, reunió este martes de forma extraordinaria y urgente a representantes municipales para acordar un frente común ante los datos acumulados en 2026: diez mujeres y dos menores asesinados. La cita, celebrada en la sede de la Federación Española de Municipios y Provincias, ha servido para plantear propuestas desde el ámbito local y reforzar, coordinar e impulsar actuaciones de prevención, sensibilización y concienciación, además de preparar recomendaciones para ejecutar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género con criterios que garanticen su llegada a todo el territorio ante la desigualdad territorial en el acceso a los recursos.
“Queremos intentar combatir esa desigualdad entre territorios y fomentar una igualdad real y efectiva, porque al final todas las mujeres que estén amenazadas y que tengan que denunciar, o todas las mujeres que se sientan en una situación de riesgo, deben tener el mismo acceso a todos los recursos”, afirmó Arroyo tras la reunión.
La Comisión abordó cómo ejecutar la financiación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para que llegue “a todo el territorio nacional”. El objetivo, según se expuso, consiste en que los fondos permitan sostener una cartera mínima de servicios en cualquier municipio, sin que el nivel de protección dependa del tamaño de la plantilla municipal o de la proximidad a una capital. El objetivo es asegurar que el dinero se traduzca en recursos operativos, y coordinar a las administraciones para que la respuesta no se fragmente.
Esa desigualdad, según Arroyo, aparece cuando una víctima encuentra servicios distintos según el municipio en el que viva. En las grandes ciudades suelen concentrarse equipos especializados, dispositivos de emergencia o servicios sociales con más personal, pero esa atención es más difícil en municipios pequeños o dispersos, donde los Ayuntamiento carecen de capacidad para responder a casos en el ámbito rural y también en colectivos como mujeres con discapacidad e inmigrantes.
En sus declaraciones, Arroyo dijo que, con independencia del lugar de residencia, debe garantizarse “desde la atención psicológica al acompañamiento personalizado, a los recursos habitacionales”. Añadió que la respuesta no puede demorarse y sistemas como el VioGen deben activarse con agilidad, junto al resto de dispositivos que intervienen en la protección de víctimas.
La presidenta de la comisión avanzó que en la próxima reunión ordinaria la comisión trabajará para detectar qué ajustes pueden mejorar la respuesta municipal y recopilar buenas prácticas que ya funcionan en algunos municipios para extenderlas a otros. La idea es construir un marco común de actuación que permita reaccionar antes y mejor, y homogeneizar el acceso a recursos básicos para que una denuncia o una situación de riesgo active la misma puerta de entrada en cualquier punto del país.