Se inició la investigación al tenerse conocimiento de la posible existencia de un grupo criminal dedicado a realizar contratos falsos de trabajo a inmigrantes, la mayoría de ellos en situación irregular en España. Para ello  este grupo se nutría de la colaboración involuntaria de empresas agrícolas a las que se hacía creer que les iba a proveer de mano de obra para trabajo en diversas zonas de la provincia de Alicante.

Por parte de los principales responsables se procedía, por diversos medios, a la captación de inmigrantes en situación irregular necesitados de poder conseguir tanto documentación como sustento dada su precaria situación económica.

Una vez localizadas las posibles víctimas por diversos intermediarios, por parte del principal cabecilla de la organización y en lugares frecuentados por trabajadores agrícolas, eran atraídas bajo la realización de falsas promesas. Las mismas consistían en, además de un posible trabajo, en la gestión de toda la documentación necesaria para regularizar la situación administrativa de la mayor parte de ellos. 

En alguna ocasión como parte del engaño se llegó fletar un autobús desde Orihuela hasta Murcia a fin de simular entrevistas de trabajo con posibles empleadores para hacer creer a las víctimas la existencia de vínculos laborales reales.

De esta manera obtuvo la documentación de identidad personal de  hasta sesenta y cinco personas, todos ellos extranjeros y principalmente de nacionalidad marroquí, creyendo éstas que se iban a iniciar los pertinentes trámites administrativos.

Gracias a la confianza generada en las víctimas, incluso como se ha referido con reuniones con empresas agrícolas, este grupo criminal logró obtener más de treinta mil euros procedentes de pagos de las víctimas. 

Es importante referir el importante perjuicio económico generado a distintas personas las que, movidas por la necesidad y en precaria situación económica, llegaron a abonar importantes cantidades y que en algún caso llegó a los cinco mil euros.

Este grupo estaba perfectamente organizado, teniendo cada integrante un papel claramente definido. El principal responsable era el encargado de contactar y simular las relaciones con empresas agrícolas, mientras  otros miembros eran captadores, estando  dedicados a localizar y ofertar las distintas posibilidades a los inmigrantes irregulares. Incluso uno de ellos llegó a hacerse pasar por el abogado del principal responsable a fin de dar apariencia de legalidad a todo el entramado.

Especialmente complicado resultó la localización de víctimas de estos delitos ya que a la mayoría de ellas se les hizo creer que  si denunciaban ante las autoridades españolas podrían ser expulsados a sus países de origen.

Durante el desarrollo de la investigación se ha trabajado en estrecha colaboración con diversas empresas agrícolas, la mayoría de ellas ubicadas en la provincia de Alicante, habiéndose localizado víctimas en Orihuela, Mazarrón, Cartagena y Elche.

La investigación, desarrollada por el Grupo II de la Brigada de Extranjería y Fronteras de Cartagena, ha culminado con la detención de seis personas de nacionalidades española, marroquí y peruana.