El Ayuntamiento de Cartagena y las entidades del Tercer Sector que forman la red de Lucha contra la Pobreza (EAPN) en Cartagena sumarán sus recursos para responder al trabajo que suponen los procesos de información y de gestión del Ingreso Mínimo Vital. "Las ONG colaborarán en la tramitación de inscripciones y en la fase de seguimiento, un trabajo que el Gobierno central ha asignado a los servicios sociales municipales sin medios para gestionarlos", según ha dicho la vicealcaldesa y responsable del área de Atención Social, Noelia Arroyo.

El acuerdo de colaboración se ha adoptado este lunes 22 de junio en una reunión de trabajo a la que han asistido representantes de la Fundación Cepaim, la Asociación Rascasa, Tienda Asilo de San Pedro, la Fundación Sierra Minera y el colectivo La Huertecica, además de la concejal de servicios Sociales, Mercedes García y técnicos dicha Concejalía.

Las entidades pondrán sus medios materiales y a sus voluntarios a disposición de los demandantes del ingreso que carecen de medios informáticos para tramitar sus solicitudes y deben esperar cita en la Seguridad Social, “una colaboración necesaria para dar respuesta a las grandes necesidades y en la tramitación de las ayudas para dar una respuesta rápida a las familias afectadas por la crisis”, ha asegurado Arroyo, quien también ha recordado que los ayuntamientos españoles están preocupados por el impacto que la gestión del Ingreso Mínimo tendrá sobre los servicios sociales en un momento en el que la crisis ya exige un sobre esfuerzo al personal municipal para atender a las familias con necesidades y gestionar las prestaciones. El presidente de la Federación de Municipios exigió la semana pasada al ministro de Seguridad Social que el Estado compense el sobrecoste que tendrán que abordar los ayuntamientos.

El vicepresidente de Incidencia Política de AEPN, Pedro López, ha señalado que “durante la crisis del COVID19 se ha mantenido la coordinación con el Ayuntamiento para atender a las personas vulnerables y avanzar en una respuesta a las nuevas necesidades surgidas”. En ese sentido, ha resaltado que “hemos avanzando en el trabajo conjunto de los retos que tenemos por delante, como el Ingreso Mínimo Vital, para agilizar los procesos y que los beneficiarios puedan disponer de las ayudas en el plazo mínimo posible”.

La vicealcaldesa ha explicado en la reunión que la asociación nacional de Gerentes de Servicios Sociales ha calculado que solo los ayuntamientos de la región de Murcia necesitarían gastar 36 millones de euros adicionales en contratación de personal para poder atender el IMV.