El Ayuntamiento deja en suspenso el cobro del alquiler de las viviendas sociales

La medida se mantendrá, al menos, hasta que concluya la crisis sanitaria 

El Ayuntamiento de Cartagena ha decidido dejar en suspenso el cobro del alquiler del parque municipal de viviendas sociales, durante todo el tiempo que dure la alerta sanitaria. Así lo ha anunciado la alcaldesa, Ana Belén Castejón, durante una comparecencia por internet para explicar diversas iniciativas en torno a la crisis del coronavirus. 

El parque de viviendas está conformado por un total de 39 casas, todas ellas asignadas, en régimen de arrendamiento, a familias que se encuentran en riesgo de exclusión social y que por distintas circunstancias no puede acceder a los precios del mercado de alquiler. 

En este sentido, la alcaldesa, Ana Belén Castejón, ha recordado que “la situación de estas familias ya era vulnerable antes de esta crisis sanitaria y ahora se ha visto agravada por las normas que conlleva el Estado de Alarma. Por eso hemos tomado la decisión de dejar en suspenso estos pagos hasta que podamos dejar atrás el confinamiento”. 

Hasta ahora, las familias que viven en estas viviendas, repartidas por todo el municipio, abonan una renta que oscila entre los 50 y los 100 euros mensuales. 

“Estamos viviendo una situación sin precedentes y, como administración más cercana al ciudadano, debemos poner nuestro granito de arena para hacer un poco más fácil la vida de las personas más vulnerables”, ha concluido la alcaldesa.

Noticias de Cartagena

Miles de personas han sido testigos desde la explanada del Puerto hasta la Plaza del Ayuntamiento del espectáculo de drones iluminados que daba la bienvenida a las fiestas más familiares del año

Giménez Gallo: ""Los cartageneros de Tarragona demuestran estar al día de todos los problemas, desde el tren hasta la iluminación de La Manga""

La Estrategia para la Conservación de la Biodiversidad de Cartagena (ECBC), el Convenio con Propietarios para la Parcela 85 y el Convenio para el Grupo de Seguimiento, consolidarán la ejecución del proyecto

La rehabilitación integral de las instalaciones supondrá una inversión de 2 millones de euros y acogerá a las asociaciones de Parkinson, AFAL y TP

Pérez Abellán: ""Ni el Gobierno regional ni el Ejecutivo local han actuado para reestablecer el servicio, existiendo un riesgo para la seguridad vial""

Pretel: ""Lo que verdaderamente pretende el gobierno de España con esta imposición es recaudar, no mejorar nuestra seguridad vial""