Cartagena, 12 may (EFE).- La Junta General de Accionistas de Zinsa ha acordado hoy solicitar a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un nuevo plazo para la ampliación de capital que supondrá que se pongan a la venta más de 16 millones de acciones, indicó a EFE un responsable del consejo de administración de la compañía.
Este representante del consejo añadió que el precio de la acción se ha fijado en el valor nominal, es decir un euro, con el objetivo de que esta vez se pueda conseguir la financiación necesaria para la elaboración del proyecto de construcción de la nueva fabrica de zinc en el polígono de Los Camachos.
Zinsa sacó en marzo una oferta de venta de acciones que no tuvo ningún éxito, tal y como reconoció este miembro del consejo de administración, que recordó que en aquella ocasión había que pagar el valor nominal más una prima de 1,40 euros por acción.
En esta ocasión los accionistas reunidos en la Cámara de Comercio de Cartagena han acordado que el precio de la acción sea el mínimo con la confianza de que, una vez que lo autorice la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se pueda cumplir el objetivo de vender todas las acciones y lograr una financiación de más de 16 millones de euros.
Este responsable de Zinsa aseguró que también están trabajando en la tramitación del proyecto de descontaminación de suelo en Torreciega con el objetivo de que se pueda materializar la venta a la empresa Quorum el próximo verano.
Española del Zinc vendió los terrenos que ocupaba la antigua fabrica a la citada promotora murciana por más de cien millones de euros, de los que debe todavía cobrar unos 90 millones.
La recalificación de esa finca se vinculaba, en un acuerdo alcanzado con el ayuntamiento de Cartagena, al mantenimiento de los puestos de trabajo y al traslado de la factoría al polígono de Los Camachos.
El consejo de administración de Zinsa confirmó el pago de la mitad de los atrasos a la plantilla, formada por más de doscientos trabajadores, que en la actualidad está inmersa en un nuevo expediente de regulación de empleo de tres meses.
La empresa cartagenera, que ha solicitado el apoyo económico de la Comunidad Autónoma y del Instituto de Crédito Oficial (ICO), lleva cinco años intentando sortear importantes dificultades económicas. EFE