El nombramiento del nuevo titular de Educación, Iñigo Méndez de Vigo, realizado de manera chapucera por el presidente del Gobierno del PP, no aporta nada en la resolución de los graves problemas y conflictos que las políticas populares han generado en el ámbito educativo.
Por su curriculum y vivencias, el nuevo responsable es una persona totalmente ajena al ámbito educativo, lo que añade mayor inestabilidad al sector en un momento en el que, ante el giro radical que se ha producido en el mapa político de las comunidades autónomas, la paralización y retirada de la LOMCE está más cerca que nunca.
La Federación de Enseñanza de CCOO pedirá a Méndez de Vigo una reunión para reclamar la recuperación de los derechos laborales del colectivo de profesionales de la enseñanza, cercenados durante los tres años y medio en los que el cesado Wert ha asolado la educación española, así como para exigir políticas que garanticen la equidad y la igualdad de oportunidades del sistema educativo. Todo ello en el marco necesario de recuperación del diálogo que el exministro hizo saltar por los aires al poco de hacerse cargo de Educación.
La Federación de Enseñanza de CCOO no se conforma con un cambio de caras, sino que exige un nuevo rumbo en las políticas educativas que, necesariamente, han de pasar por las cinco medidas de carácter urgente que ya ha planteado a los gobiernos autonómicos:
1. Paralización de la aplicación de la LOMCE y apertura de un proceso real de diálogo y consenso con la comunidad escolar que dé lugar a un proyecto compartido que convierta a la educación en una verdadera prioridad en nuestro país.
2. Reversión de los recortes y compromiso de una financiación suficiente de al menos el 7% del PIB para todo el sistema educativo. Recuperación de los puestos de trabajo destruidos: más de 45.000 de docentes, personal universitario y personal de servicios educativos y complementarios desde el año 2012.
Diseño de un plan de empleo que elimine la tasa de reposición y dote a la educación pública de suficientes profesionales.
CCOO defiende que los fondos destinados a gasto público educativo e I+D+i no deben computar en los porcentajes de déficit público o deuda pública a la hora de cumplir con los programas de estabilidad de la UE y que el retorno en términos de progreso, bienestar y cohesión social es impagable para cualquier país.
3. Eficacia en la gestión del sistema educativo público en las diferentes comunidades autónomas, con la implantación de medidas que aseguren la calidad educativa desde la primera infancia y la educación a lo largo de la vida más allá de la mera empleabilidad.
4. Impulso de una educación superior a la altura de las nuevas demandas sociales y productivas, de marcado carácter público y basado en la planificación y la colaboración. Paralización del real decreto que modifica la ordenación de las enseñanzas universitarias y da entrada a grados de tres años y másteres de dos; el que modifica los requisitos para la creación de centros y universidades; y el que impone un sistema de acreditación del profesorado universitario funcionario parcial y arbitrario, relegando la docencia a un segundo plano.
5. Apertura de las mesas de negociación con los sindicatos para dar solución a los problemas del sistema educativo, incluido el universitario, y atender las necesidades docentes y del personal de servicios educativos y de administración y sus condiciones laborales, de manera que se garantice el ejercicio de los profesionales de la educación con calidad y dignidad y se ponga fin al contexto de degradación laboral sufrido durante los últimos años. Procurar que esas condiciones sean adecuadas es un derecho del colectivo docente, pero también un importante factor de calidad de la enseñanza.