Castejón celebra la pírrica (y posiblemente ilegal) rebaja del agua que rechazó el Gobierno de Pilar Barreiro

El apaño que la socialista impone, a propuesta de la concesionaria, ha sido rechazado por distintos técnicos municipales desde 2014

Esta mañana, el portavoz del Grupo municipal MC Cartagena, José López, ha informado sobre el posicionamiento de la formación cartagenerista, tras la comunicación del Consejo Asesor Regional de Precios que ha dado vía libre a la nueva tarifa del agua pactada por el Ejecutivo local de Castejón y la empresa concesionaria, Hidrogea.

José López ha censurado que se imponga "una propuesta que se está tratando de imponer, sin éxito, desde 2014, por el rechazo de los técnicos municipales. Han tenido que ser los socialistas quienes se plieguen a las exigencias de la concesionaria. Castejón acepta algo que no le valió ni a Barreiro ni a Francisco Espejo, y lo hace tras cambiar el procedimiento y los técnicos para que la empresa siga cobrando millones de euros de modo improcedente".

"Esta propuesta se aleja del concepto de justicia por el que debemos velar y se asienta sobre la validez otorgada por unos técnicos 'fidelizados' previamente, y que ahora, según nos llega, empiezan a desmarcarse y mirar con recelo las dudosas prácticas de Castejón".

De esta forma ha contextualizado el edil la bajada en la tarifa del agua que, en los parámetros actuales, vivió su primer capítulo durante 2014 y los primeros meses de 2015, cuando el Gobierno de la ex alcaldesa Pilar Barreiro anunció que el superávit anual, de al menos dos millones de euros, se destinaría a la rebaja de las tarifas.

Ya en noviembre de 2014, el actual portavoz de los populares, Francisco Espejo, declaró que la bajada en la tarifa del agua sería del 7,1%. La propuesta no salió adelante por la negativa de los funcionarios, responsables de velar por la legalidad.

Posteriormente, José López ha vuelto a hacer un llamamiento a respetar "la labor de los técnicos. Nos resulta inconcebible que la rebaja en la tarifa del agua no esté motivada por el estudio de costes municipales, sino por una actuación atropellada que responde a una necesidad política de notoriedad, cediendo millones de euros de los cartageneros a cambio de un titular y sus ansias de reconocimiento".

"Seguiremos abogando por la salida del cajón de estos estudios y para que se trabaje en la senda de la legalidad, la que marcan los técnicos que conocen el contrato y que actúan desde la independencia, no respondiendo con laxitud y amabilidad a un mayor reconocimiento profesional", ha concluido, reiterando su confianza en que "los tribunales enmienden la arbitrariedad de los dirigentes del PSOE, que clonan las prácticas del PP y anteponen el interés empresarial al de los cartageneros".

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