El Grupo Municipal MC Cartagena está ultimando un informe jurídico y técnico de gran alcance con el objetivo de estudiar el ejercicio de acciones legales en relación con la situación del emisario submarino de Cala Reona, los vertidos procedentes de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Mar Menor Sur y los posibles daños ocasionados al medio marino mediterráneo.

Sobre esta situación, el portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, ha señalado que “el emisario y la EDAR Mar Menor Sur, que vierten en Cala Reona, son un claro ejemplo de cómo durante demasiado tiempo los cartageneros asistimos con resignación a cierres de playas, a averías del emisario o a anuncios de soluciones que nunca llegan, todo ello con un permanente cruce de responsabilidades entre Administraciones”. Y es que, “unos señalan al de enfrente y el Mediterráneo sigue soportando las consecuencias”, ha lamentado, añadiendo que “en MC creemos que esa etapa tiene que terminar”.

Así, el documento que se está elaborando analiza la evolución de la infraestructura durante los últimos años, la rotura sufrida por el emisario en 2022, la ausencia de una reparación integral, la falta de regularización administrativa, los requerimientos formulados por distintas administraciones públicas y la especial sensibilidad ambiental del entorno en el que se realizan los vertidos.

Del mismo modo, el informe pone de manifiesto la necesidad de esclarecer qué administración era responsable del mantenimiento y reparación del emisario, si se han cumplido las obligaciones impuestas por la normativa ambiental y si la situación actual puede haber provocado afecciones al litoral mediterráneo o a espacios protegidos de la Red Natura 2000.

Una obligación legal

A este respecto, Giménez Gallo ha remarcado que “ha llegado el momento de conocer toda la verdad, saber exactamente qué ocurrió con el emisario de la EDAR Mar Menor Sur en 2022, quién tenía la obligación legal de mantenerlo y repararlo y qué decisiones se han dejado de adoptar, y también si esa gestión ha podido causar daños a nuestro litoral y a uno de los espacios marinos de mayor valor ecológico del Mediterráneo”. Para ello, desde MC consideran que un órgano independiente debe investigar lo sucedido y determinar si existen responsabilidades políticas, administrativas o de cualquier otra naturaleza derivadas de la gestión del sistema de saneamiento y del emisario submarino.

En palabras del líder de la formación, “estamos ya estudiando el ejercicio de acciones legales para que se investiguen los hechos y si existen responsabilidades políticas, administrativas o de cualquier otra naturaleza, para que se depuren hasta las últimas consecuencias”.

El Grupo Municipal recuerda que la protección del Mediterráneo constituye una obligación legal de todas las administraciones públicas y anuncia que, una vez concluido el análisis de la documentación recopilada, adoptará las decisiones jurídicas que resulten procedentes.