El colectivo recuerda que antes de denunciar en el juzgado, pidió al Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma que hicieran una caracterización del suelo con carácter previo a iniciar las obras.

La Coordinadora para la Defensa del Cerro del Molinete ha lamentado que haya tenido que ser un mandato judicial el que ordene la toma de muestras del tierras de excavación indiciariamente contaminadas de la calle Morería Baja tras la denuncia realizada en el juzgado por este colectivo ante el posible riesgo medioambiental que supone el movimiento de tierras en esa zona, pues según informes técnicos podría contener altos niveles de plomo y otros metales pesados contaminados con peligro para la salud de los vecinos, los trabajadores y el medioambiente.

Desde la Coordinadora del Molinete recuerdan que no hubiera sido necesaria la actuación judicial si el Ayuntamiento hubiera eliminado del proyecto cualquier movimiento de tierras, que prevé para meter soterrado cableado eléctrico y de telecomunicaciones, en una zona de alto interés arqueológico como es el barrio artesanal y portuario romano. De hecho, antes de denunciar en el juzgado y en el Seprona, la Coordinadora pidió al Ayuntamiento y la Comunidad Autónoma que, conforme a la legislación vigente, hicieran una caracterización del suelo con carácter previo a iniciar las obras, pero sus peticiones fueron ignoradas.

Este colectivo subraya que "incluso llegamos a tener que aguantar amenazas de la alcaldesa, Noelia Arroyo, por el simple hecho de velar por el interés de los cartageneros, y por una preocupación que según el proceder del juez, parece estar suficientemente fundado".

"La obra de la Morería es un atentado contra el patrimonio histórico y probablemente también contra el medioambiente y la salud, que no ha sido consensuada con nadie y nunca debía de haberse ni planteado", recalca la portavoz de la Coordinadora del Molinete, María Luisa Conesa.

Daños en piedras de tabaire sobre un edificio púnico

Al riesgo químico se suma también la desprotección del patrimonio sobre el terreno. 

En este sentido la Coordinadora denuncia públicamente que tiene pruebas de que el uso de maquinaria pesada en la obra ya ha provocado el daño y la rotura de varios sillares antiguos de piedra arenisca localizados prácticamente en superficie, en la zona en la que se encontró un gran edificio púnico de carácter público. 

El colectivo señala que, teniendo en cuenta de este tipo de material de utilizada en la época clásica e incluso era reutilizado en épocas posteriores, el impacto de las excavadoras demuestra la falta de control y el peligro real que corren las estructuras históricas del entorno.

Estas actuaciones cuentan con el respaldo jurídico del despacho de abogados Técnicas Legales de Cartagena, a través de su abogado Pedro Antonio Martínez.