El Ayuntamiento de Cartagena y la Asociación de Constructores de Cartagena y Comarca han formalizado un convenio de colaboración con el que se pretende marcar un antes y un después en la relación entre la administración local y el sector de la construcción. El acto, celebrado en la Oficina de Empresa del Consistorio, ha contado con la presencia de la alcaldesa, los concejales de Empleo y Desarrollo Económico, y la junta directiva de la asociación, así como con representantes de COEC y la Cámara de Comercio.

El acuerdo, que tendrá una vigencia inicial de cuatro años prorrogables a ocho, establece un marco de "corresponsabilidad y confianza mutua". El Ayuntamiento se compromete a ofrecer acompañamiento técnico personalizado y reuniones periódicas para resolver dudas, mientras que la asociación garantizará la presentación de documentación de calidad y el cumplimiento estricto de la normativa por parte de sus asociados. "Queremos que los trámites urbanísticos dejen de ser un laberinto", ha señalado la alcaldesa, Noelia Arroyo, destacando que el objetivo es agilizar los procedimientos sin saltarse la ley.

Por su parte, la presidenta de la ACC, Antonia González, ha valorado la importancia de este acuerdo en un momento donde el urbanismo se enfrenta a grandes complejidades técnicas y administrativas. "Este convenio es importante para el tejido empresarial pero también para los cartageneros", ha afirmado González, incidiendo en que una gestión más eficiente favorece la inversión y es clave para abordar el reto del acceso a la vivienda. La presidenta de la patronal de la construcción ha recordado que el sector atraviesa dificultades por el encarecimiento de materiales y la falta de mano de obra, por lo que "reducir plazos y aportar seguridad jurídica ayudará a responder mejor a la necesidad de vivienda de los ciudadanos".

El convenio no llega solo. La Junta de Gobierno local aprobó la pasada semana los criterios para declarar Proyectos de Interés Municipal, una figura que permitirá reducir a la mitad los plazos para iniciativas que superen los dos millones de inversión o creen al menos 25 empleos. Para estos proyectos, la Oficina de Empresa actuará como interlocutor único, guiando al inversor "sin laberintos burocráticos".

La alcaldesa Noelia Arroyo ha recordado, además, otras ventajas para promover la construcción, que vienen con la aprobación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), al que se han incorporado demandas históricas del sector. Entre las novedades más destacadas, el plan introduce compensaciones urbanísticas por hallazgos arqueológicos, ya que si aparecen restos durante una obra, se compensará con incrementos de edificabilidad de hasta el 35%, que podrían llegar al 40% si se trata de vivienda protegida. Además, en caso de que no se pueda construir en ese solar, el aprovechamiento podrá trasladarse a otra parcela.

Otra de las medidas clave es que los garajes en superficie no restarán plantas de vivienda, al no computar en edificabilidad, lo que abaratará costes significativamente. En materia de vivienda protegida, las promociones en suelo libre tendrán una prima de edificabilidad del 40%, que alcanzará el 50% si el suelo es público.

El nuevo PGOU amplía el suelo residencial en 700 hectáreas, elevando el objetivo de viviendas a 100.000. En suelo industrial, se incorporan casi siete millones de metros cuadrados en áreas como Cabezo Beaza y Los Camachos.

La alcaldesa ha puesto en valor el esfuerzo por agilizar la burocracia, que ya se refleja en los datos de 2025. El año pasado se tramitaron 5.237 expedientes urbanísticos, de los cuales 381 fueron licencias de obra mayor. Destacan especialmente las 1.804 declaraciones responsables y las 3.052 comunicaciones previas, que han permitido a autónomos y pequeñas empresas iniciar sus proyectos de inmediato.