Apenas una semana después de la aprobación definitiva del Plan General, Cartagena ya conoce la primera gran consecuencia económica: más de 54 millones de euros de indemnización por la desclasificación de los terrenos de El Vivero. Esta resolución judicial no es una sorpresa, sino la confirmación de lo que se venía advirtiendo desde hace años: una mala gestión urbanística puede acabar costando millones a los cartageneros.

"Esto no es un accidente. Es el resultado de decisiones adoptadas sin previsión jurídica ni cálculo económico", ha señalado el portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo. La sentencia fija una indemnización por la imposibilidad de ejecutar un desarrollo en un suelo que era urbano y cuyos propietarios vieron obstaculizada su tramitación sin alternativa viable.

Desde MC señalan que en la Comisión de Urbanismo y en el Pleno, durante la aprobación provisional del Plan General, se volvió a insistir en el riesgo de indemnizaciones si no se actuaba con rigor.

"Votamos en contra porque no se nos estaba explicando toda la información relevante. Esta condena no surge en una semana; procede de un procedimiento judicial en marcha que no fue trasladado con la claridad debida cuando se debatía el Plan", ha subrayado Giménez Gallo. Para MC, proteger el entorno del Mar Menor es una obligación, pero hacerlo al bulto, sin previsión jurídica ni transparencia termina comprometiendo las arcas municipales.

La formación cartagenerista anuncia que ha exigido la convocatoria urgente de una Junta de Portavoces extraordinaria para que la alcaldesa informe no solo de este pleito, sino de todos aquellos procedimientos similares que puedan estar en curso o que puedan derivar en futuras reclamaciones por desclasificaciones de suelo.

"Cartagena necesita rigor, información completa y responsabilidad. No podemos enterarnos de condenas millonarias después de que PP, PSOE, Vox y la edil tránsfuga aprueben el planeamiento sin conocer todos los riesgos económicos que llevaba asociados", ha aseverado el líder cartagenerista.

MC espera que el recurso anunciado prospere, pero insiste en que la falta de fiabilidad en la gestión no puede seguir trasladando el coste de los errores a los cartageneros.