El Gobierno municipal que encabeza Noelia Arroyo ha rechazado en el Pleno la moción presentada por el portavoz y líder de MC Cartagena, Jesús Giménez Gallo, para comenzar a trabajar en la recuperación de la gestión pública del Auditorio y Palacio de Congresos El Batel cuando finalice en 2026 el contrato privado vigente desde 2011. La iniciativa fue tumbada por Partido Popular y Vox, pese a que el modelo actual ha supuesto un lastre económico continuado para las arcas municipales.
Giménez Gallo lamentó que el Ejecutivo local "siga instalado en la negativa a rendir cuentas" y recordó que la oposición "está para controlar, fiscalizar y preguntar, aunque eso incomode a un gobierno que rehúye explicar decisiones económicas y concesionales muy sensibles".
El portavoz cartagenerista denunció que El Batel se gestiona mediante una fórmula jurídica con rentabilidad garantizada para la concesionaria, mientras el Ayuntamiento asume los costes. A ello se suma, subrayó, la histórica vinculación del presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena, Pedro Pablo Hernández, con la empresa adjudicataria. "Estamos ante un contrato antieconómico y opaco, que ha permitido a la concesionaria ingresar millones incluso incumpliendo condiciones de gestión, mientras el Ayuntamiento paga y el PP mira hacia otro lado", afirmó.
Giménez Gallo añadió que este modelo concesional no puede analizarse de forma aislada, sino dentro de un escenario global que desprende un tufo muy desagradable. En ese contexto situó la ubicación estratégica del auditorio en dominio portuario, las relaciones empresariales que han aflorado en tramas como la Operación Púnica, y lo que está ocurriendo con la cesión de terrenos en la ZAL de Cartagena para implantar una planta de biogás "en contra de las empresas, de los vecinos y de toda lógica territorial, económica y ambiental", aseveró.
"Todo esto configura una cadena de decisiones del PP en la que se entremezclan intereses políticos, empresariales y concesionales, siempre con el Ayuntamiento asumiendo los riesgos y siempre con los cartageneros pagando la factura", denunció.
Desde MC recuerdan que el contrato de El Batel expira en 2026 y que la moción pretendía planificar con tiempo la recuperación de la gestión pública, evitando prórrogas encubiertas o escenarios de improvisación. Sin embargo, el Gobierno local ha optado por "esconder las cartas", pese a tratarse de una infraestructura que costó 63 millones de euros, frente a los 21 millones inicialmente previstos. "Parece que nadie pensó que había que achicar agua construyendo junto al puerto", ironizó.
Sin Teatro Circo ni Cine Central
Este rechazo se enmarca, según MC, en un modelo cultural fallido. Cartagena sigue sin teatro municipal por la gestión del PP: el Teatro Circo permanece cerrado tras ser adquirido a la misma empresa concesionaria y ahora se reclaman 10 millones de euros para abrirlo; y el Cine Central, comprado en 2016 con sobrecoste, continúa cerrado casi diez años después.
"El Gobierno presume de competencias cuando en realidad abusa de su incompetencia", sentenció Giménez Gallo, exigiendo que el Ejecutivo local "rinda cuentas y dé explicaciones" por una política cultural que calificó de ruinosa. MC Cartagena insiste en que recuperar la gestión pública de El Batel es clave para garantizar transparencia, control económico y una cultura al servicio del municipio.