Otro compromiso que queda en papel mojado. El Partido Cantonal denuncia que el mirador sobre el puente de la gola de Marchamalo en la Gran Vía de Manga ha quedado en el limbo de las promesas de la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. Sólo hace dos veranos, en agosto de 2023, que la primera edil anunció la conclusión del proyecto arquitectónico y la inminente licitación de la obra con un presupuesto base de 360.419 euros. Todo estaba listo. Pero, otra vez, sólo ha sido una más de las propuestas de la regidora sin resolución.
La intervención perseguía la construcción de un puente peatonal mediante el ensanchamiento de la actual acera en el lado del Mar Mediterráneo. Lapasarela tendría un único vano con luces de planta recta y una base compuesta por tres vigas prefabricadas de hormigón. El diseño de la nueva infraestructura contemplaba unapérgola metálica y una zona ajardinada, barandilla galvanizada y varias papeleras. Para el descanso de los viandantes y la contemplación de las vistas, el proyecto recogía además tres bancos con estructura de soporte de aluminio anodizado y listones de madera tropical. Y una gran bancada de hormigón ubicada en la zona norte de la nueva plataforma.
Esta actuación formaba parte de del programa La Manga 365, incluido dentro de la Estrategia Europea de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (Edusi), con financiación al 80% de Fondos Feder de la Unión Europea. Todo apunta a que, pese a que el proyecto arquitectónico estaba hecho, la licitación preparada e incluso la Demarcación de Costas del Estado sacó a información pública el expediente administrativo del mismo, ni Comunidad Autónoma ni Ayuntamiento de Cartagena llegaron a tiempo de hacer la obra, de tres meses de duración, antes de que concluyera el plazo dado por Bruselas para la ejecución de los proyectos y, por lo tanto, las administraciones local y regional han perdido el dinero. El plan Edusi comenzó en 2017 y todas sus propuestas tenían que estar finalizadas al final de 2023 o, al menos, en desarrollo. En caso contrario, los destinatarios en origen de los fondos comunitarios tendrían que devolver las cuantías concedidas. Un final triste que deja constancia de la incompetencia de nuestros políticos gobernantes.