La Junta de Portavoces del Ayuntamiento de Cartagena, reunida hoy con carácter extraordinario, ha acordado dar un mes de plazo al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, hasta el 15 de julio, para que envíe al consistorio cartagenero copia de la respuesta por escrito al Ministerio de Defensa en la que renuncia a la opción de compra del Hospital Naval, que se proponía entre ministerios como “una cesión demanial definitiva, con compensación económica, por un valor de más de 25 millones de euros”.

La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha explicado al término de la reunión de portavoces que si no cumplen el plazo “volveremos a reunirnos para analizar otras acciones”.

Asimismo, en el acuerdo municipal figuran otros tres puntos más, que recogen los exigido por la regidora a la Secretaria de Estado de Migraciones el pasado lunes y que los portavoces, Ignacio Jáudenes, del PP, Jesús Jiménez, de MC, Manuel Torres, del PSOE, Gonzalo López, de VOX, y Ana Belén Castejón, de Sí Cartagena, han apoyado unánimemente.

Así, además del plazo de un mes para recibir renuncia a la mutación demanial definitiva, con compensación económica y, por tanto, a la adquisición definitiva de las instalaciones del antiguo hospital naval; el Ayuntamiento quiere “recibir oficialmente por escrito, que no se va a construir ningún CETI en Cartagena o instalación definitiva, tras el desmantelamiento de la instalación actual”.

La Junta de Portavoces ha insistido, en otro punto, “en la negativa de la Corporación a la concentración de recursos para atender migrantes en Cartagena, puesto que ya existe un CATE y no debe existir otra instalación similar”. Y, por último, ha fijado la exigencia de “crear un sistema de coordinación permanente y eficaz del Ministerio con los servicios sociales del Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma para atender las necesidades de las personas acogidas en el campamento y hacer seguimiento a las que finalicen su estancia temporal en la instalación”.

Noelia Arroyo ha indicado que durante la reunión, los portavoces también han comentado la necesidad de que el campamento vaya reduciendo poco a poco su capacidad, conforme se puedan realizar traslados al resto de instalaciones que el Ministerio está construyendo por España “porque en la medida que se reduzca la capacidad, se reduce el riesgo de conflictos”.

Del mismo modo, han reiterado que, conforme a la voluntad de los cartageneros, las instalaciones del antiguo hospital naval deben ser para Cartagena, al objeto de darle el uso que decidan los cartageneros, como se ha defendido siempre desde el Pleno municipal.