La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Cartagena, en su reunión de este viernes, 26 de enero, ha aceptado asumir el pago de 1,3 millones de euros para mantener la bonificación del 60% en los abonos del transporte público, conforme al Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía. La bonificación estará vigente todo el año 2024 en los buses urbanos de Cartagena, hasta el 31 de diciembre. Será de aplicación al precio de los abonos de transporte, excluido el billete de ida y vuelta.

En dicho Decreto el Estado supeditó el mantenimiento de la bonificación, que pagaba íntegramente, a que los Ayuntamientos abonaran el 30% y el Estado otro 30% para cubrir el 60% comprometido. Así, el Ayuntamiento ha dispuesto los créditos para hacer frente a esta medida. 

De este modo, el Ayuntamiento de Cartagena realiza un sobresfuerzo presupuestario, ya que de los 9 millones que le cuesta anualmente el servicio público de transporte de su competencia, sólo ingresa 3 millones por venta de billetes. Por lo tanto, a los 6 millones que tiene que aportar hay que sumar 1,3 millones de la bonificación, por los que el coste municipal de este servicio se eleva a los 7,3 millones.

El concejal de Hacienda, Nacho Jáudenes, ha dicho en la Junta que “Cartagena apuesta por el transporte público y por fomentar su uso, porque evita atascos, reduce las emisiones y mejora la accesibilidad a la ciudad”, pero lamentó que el Gobierno central legisle en unas condiciones sin valorar las consecuencias que tiene para las arcas muncipales. “Lo asumimos porque el  Gobierno no va a dejar a los cartageneros sin esta ayuda al transporte, pero supone un gravamen importante que sumamos a un esfuerzo que ya venimos realizando en este sentido”, concluyó el concejal.