ACCOIF ha registrado en el Ayuntamiento de Cartagena cerca de mil trescientas firmas contra los parques fotovoltaicos previstos en la zona de El Algar, de las cuales 700 han sido presenciales y el resto mediante la famosa plataforma de recogida de firmas Change.Org. La recogida de firmas telemática sigue abierta y accesible en el siguiente enlace. 

Los firmantes piden una moratoria de todos los macro parques fotovoltaicos que afectan a la cuenca vertiente del Mar Menor hasta que se ejecute una ordenación del territorio que permita realizar estas instalaciones de una forma ordenada y sin perjudicar al patrimonio, naturaleza, Mar Menor y acuífero.

La sociedad civil pide que se paralicen y anulen de forma inmediata todos los proyectos fotovoltaicos en el entorno del Mar Menor, Parque Regional de Calblanque, El Algar, y todas las zonas hasta ahora afectadas por este nuevo negocio que solo va a traer ruina a nuestra comarca.

Así mismo pedimos que se declare el distrito 7 del Término Municipal de Cartagena LIBRE DE PARQUES SOLARES y que tal consideración se extienda a la cuenca del Mar Menor en base a su enorme patrimonio natural, monumental, arqueológico, etnográfico y paisajístico. Al mismo tiempo piden que en aplicación del contenido de la legislación vigente y muy especialmente de la Ley 19/2022 de 30 de septiembre de 2022, surgida del movimiento por la ILP, así como del cumplimiento de la Carta Europea de Florencia de protección de paisaje europeo y a la que España está adscrita y demás normativas de protección del Mar Menor.

Finalmente piden que se proteja al Mar Menor y a su cuenca vertiente de cualquier tipo de actividad que proponga una agresión a su patrimonio y a su paisaje.

Desde ACCOIF quieren recordar a los dueños de las tierras que están realizando los arrendamientos que es importante que pidan un aval a las empresas con las que firman el contrato. Este aval les asegura que cuando finalice el contrato dentro de 25 años, sus tierras se las devolverán como estaban. No hay que olvidar que estos suelos se vuelven industriales, y sin un aval, dentro de 25 años se encontrarán con una chatarra, hormigón y unas tierras estériles sin vida que ya no podrán tener otro tipo de actividad económica.