El pleno del Ayuntamiento de Cartagena, presidido por la alcaldesa, Noelia Arroyo, aprobó el pasado jueves 22 de diciembre de forma definitiva la modificación de las ordenanzas fiscales, que afectan a los impuestos, tasas y precios públicos que estarán vigentes durante el año 2023, así como los nuevos beneficios y bonificaciones en impuestos que afectarán fundamentalmente a familias y empresas.

Según la alcaldesa, “Cartagena es el único gran municipio que suspende por tres años consecutivos las tasas de apertura, ya que ningún emprendedor deberá pagar por abrir un negocio en Cartagena; y por segundo año decidimos no aplicar la subidas del IPC a las tasas y precios públicos", cifrando este ahorro “en 6,5 millones de euros que seguirán en los bolsillos de los cartageneros para ayudarles en estos momentos de crisis”.

Para Arroyo, las nuevas ordenanzas fiscales “supondrán más ayudas para las familias al aumentar en un 15% el número de familias numerosas con derecho a una reducción de hasta el 90 % en el Impuesto de Bienes Inmuebles”, y se mantienen las bonificaciones para favorecer la eficiencia energética y las ayudas a la rehabilitación de barrios con problemas de vivienda y de envejecimiento de inmuebles, manteniendo el 50% en la bonificación del ICIO en seis barrios de Cartagena.

También se mantiene la bonificación del 99% de las plusvalías municipales debido a mortis causa.

Estas medidas fiscales, según la alcaldesa, forman parte de “nuestra estrategia contra la crisis que consiste en bajar impuestos y activar toda nuestra capacidad inversora para generar empleo y sostener a nuestras empresas en tiempo de difíciles”, y ha recordado que se “suman a otras que ya hemos adoptado para favorecer el ahorro en las pequeñas y medianas empresas, como la rebaja del 20% en la tarifa del agua para el comercio y la hostelería, además de congelar la tarifa doméstica".