Más de 70 personas participan en un proyecto europeo que desarrollan investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) para buscar soluciones sostenibles al uso de los plaguicidas. Se trata de hombres y mujeres, agricultores y usuarios de diferentes edades que, voluntariamente, aportan sus datos y muestras orgánicas para que se estudie el uso y la acumulación de plaguicidas en explotaciones hortícolas de la Región de Murcia, a fin de evaluar los posibles riesgos de la dispersión de plaguicidas para la salud, tanto de los ecosistemas como de los agricultores y consumidores. Durante esta semana, personal sanitario recoge muestras a los voluntarios en la Escuela de Ingeniería Agronómica.
El proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition: A global health approach, ref: 862568 ), financiado por la Unión Europea, investiga desde septiembre de 2020 si existe una relación entre la acumulación de plaguicidas y la salud del medio ambiente y humana. El objetivo final es proponer alternativas y conseguir una transición sostenible del uso de productos fitosanitarios.
En este proyecto europeo participan los investigadores del departamento de Ingeniería Agronómica Josefina Contreras y Raúl Zornoza, y Francisco Alcón de Economía de la Empresa. Además, han contado con la colaboración fundamental de agricultores, vecinos y usuarios.
Contreras indica que España “es el país de mayor consumo de plaguicidas de la UE y Murcia es una de las comunidades con mayor consumo nacional”. En la actualidad, según la investigadora del grupo de Protección de Cultivos, los plaguicidas empleados en la agricultura “son menos tóxicos y persistentes que los que se usaban hace unas décadas y la regulación es mucho más restrictiva”. No obstante, “es necesario conocer los riesgos derivados de su aplicación para establecer estrategias de uso sostenible”.
La UPCT aporta un caso de estudio con el cultivo de brócoli en la Región de Murcia. Se trata de cultivos convencionales y ecológicos de fincas en los que se han tomado muestras para analizar suelo, agua, polvo, insectos, plantas y ganado (cabras) antes de hacer análisis a los agricultores, a sus vecinos y a consumidores. Además se analizan los residuos plaguicidas que contienen y una serie de indicadores de salud en humanos y en el ecosistema. En el proyecto participan un consorcio de institutos de investigación, universidades y empresas de 11 países europeos junto con Argentina y la FAO. Los investigadores esperan tener los resultados preliminares para finales del primer trimestre de 2022, sobre los que trabajar para una transición ecológica en los siguientes años.
El proyecto , que comenzó en septiembre de 2020, y cuyo objetivo es reducir los posibles efectos negativos del uso de fitosanitarios en el medio ambiente y salud humana, está alineado con las políticas europeas como el Pacto Verde, que con las Estrategias 'De la Granja a la Mesa' y 'De Biodiversidad', pretenden reducir los plaguicidas químicos en un 50% en el horizonte del año 2030 con respecto al año 2020 y aumentar la superficie cultivada en producción ecológica al 25%.