Al detenido se le atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con fuerza y daños

Durante el desarrollo de la operación, la Benemérita ha contado con la colaboración de la Armada Española

La Guardia Civil de la Región de Murcia ha desarrollado la operación 'Botrinca', una investigación establecida para esclarecer la sustracción de gran cantidad de cable de cobre de unas instalaciones militares de Cartagena, que se ha saldado con la identificación, localización y detención de su presunto autor, al que se le atribuye la presunta autoría de los delitos de robo con fuerza y daños.

Tras la operación, que se encuentra enmarcada 'Plan nacional contra el robo de cobre', la Guardia Civil ha recuperado la totalidad del cable de cobre sustraído.

Los hechos tuvieron lugar a mediados del pasado mes de junio en una estación de calibración magnética y acústica de la Armada Española, cuya finalidad es la medición y calibración de las emisiones magneticas de los buques de la Armada, en la que se sustrajo gran cantidad de cobre y conllevó que la estación quedara inoperativa, con el consiguiente perjuicio.

Efectivos del Equipo ROCA (contra robos en el campo) y del Equipo de Policía Judicial de la Benemérita, al tener conocimiento de los hechos, abrieron la correspondiente investigación con el objetivo de identificar a su autor y receperar el material sustraído.

Los primeros pasos de la operación se efectuaron en el lugar de los hechos, donde se practicó una exhaustiva inspección técnico-ocular, así como otras gestiones, y se recabaron todos los indicios posibles del modus operandi y del autor del robo.

De la investigación se desprende que el autor de los hechos accedió a la zona militar afectada por el procedimiento de escalo y desde ese plano superior inutilizó las cámaras de video vigilancia perimetral de la estación, para dificultar ser detectado. Seguidamente realizó el corte del cable, que tenía tensión, lo que ocasionó un cortocircuito que inutilizó el sistema eléctrico de las instalaciones.

Esta forma de actuar pone de manifiesto que el autor del robo tiene una dilatada experiencia y considerables conocimientos en el manejo de cables con tensión y de electricidad, así como el uso de útiles adecuados en la materia, dado que de no ser así, probablemente hubiera sufrido graves lesiones durante la manipulación.

Prácticamente de forma paralela, los guardias civiles llevaron a cabo una serie de inspecciones en los establecimientos de gestión de residuos metálicos de la zona con la finalidad de localizar la comercialización del cable sustraído.

Este dispositivo dio sus frutos poco después, cuando en uno de estos centros, entre varias toneladas de cobre, se localizó la totalidad del cableado sustraído, comprobado tras el estudio y análisis del mismo, y verificado por personal de la Armada.

Los indicios obtenidos durante la investigación llevaron a los guardias civiles hasta un varón que, presuntamente, se encontraba tras la autoría de los hechos investigados, por lo que se estableció un dispositivo de búsqueda, que ha culminado con su localización y detención como presunto autor de los delitos de robo con fuerza y daños

De la investigación se desprende que la valoración del material sustraído, los daños causados en la instalación y los perjuicios ocasionados a la Armada Española superaría los 270.000 euros, todo ello sin contar los perjuicios que conlleva el hecho de que los buques deban desplazarse a terceros países a realizar las calibraciones, mientras la estación continúe inoperativa.

El delito de robo con fuerza, recogido en el Código Penal, arts. 238 y 240, tiene una pena asociada que está comprendida entre uno y tres años de prisión y que se podría imponer la pena de dos a cinco años de prisión cuando, como es el caso, el hecho afecte a conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos (art. 235 CP).

Para el delito de daños (art. 263 CP), el código penal establece que se podrá imponer una pena de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, cuando los hechos hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales, como es el caso

El detenido marroquí, de 36 años y residente en San Pedro del Pintar, junto con los efectos recuperados y las diligencias instruidas, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción de Cartagena (Murcia).