La vicesecretaria general del PSOE de Cartagena y diputada regional, Carmina Fernández, ha acusado al Gobierno regional de "inacción en el proceso de sellado y descontaminación de las balsas de residuos industriales de Zincsa que existen en Cartagena".
La diputada socialista ha denunciado que el ejecutivo del PP y sus socios tránsfugas "está plegado de manera permanente a las amenazas e intereses de las empresas que incumplen con los plazos dados por la Administración regional y no asumen la responsabilidad de quién contamina paga". Y ante esta situación, el Gobierno regional, ha explicado Fernández, "calla, consiente y mira a otro lado".
El Gobierno regional no ha exigido desde 2009 a los propietarios que cumplan con la obligación del sellado de las balsas y la eliminación de los daños ambientales que afectan a la salud y a la seguridad de los vecinos. Carmina Fernández ha señalado: "Son 12 años permitiendo que los residuos peligrosos se estanquen, permitiendo que se contaminen las aguas y causando un gravísimo problema de seguridad por la presencia de altas concentraciones a arsénico, entre otros residuos".
El problema de la inacción del PP ha convertido este asunto en un problema de salud pública y ambiental y cuando se trata de la salud de las vecinas y vecinos de Cartagena y su comarca no hay urgencia para el Gobierno regional.
La diputada regional, ha asegurado que "existe una clara dejación de funciones porque el Gobierno regional no obliga a los propietarios de los terrenos contaminados a realizar las actuaciones pertinentes en un punto negro que está a pocos metros de las viviendas. El PP no está haciendo su trabajo para proteger a los vecinos. Esta es la política ambiental del PP, permitir durante años esta situación al mismo tiempo que desmantela el servicio de medio ambiente de la Comunidad Autónoma".
"Mientras la situación se sigue deteriorando, y mientras la Fiscalía ha tenido que actuar de oficio, la alcaldesa del PP sigue cruzada de brazos, sin exigir a su partido que ponga fin a este desastre que es ya un problema de salud pública y ambiental. Arroyo se ha convertido en cómplice", ha finalizado Fernández.