El sector pesquero regional ha parado este viernes en Cartagena en señal de protesta por la nueva normativa europea que amenaza su supervivencia. Esta reivindicación cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cartagena. La vicealcaldesa Noelia Arroyo ha acudido a la Lonja de la ciudad junto con el consejero de Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, para mostrar su respaldo a estos profesionales del mar.

Los pescadores se han concentrado hoy provenientes de todas las cofradías de la Región: Águilas, San Javier, Mazarrón y Cartagena. Una situación por la que también se están movilizando en el resto de puertos del Mediterráneo. 

Tanto la vicealcaldesa Arroyo como el consejero Luengo han recordado que vienen denunciando este "ataque" a la pesca de arrastre desde hace "muchos meses". Así, han anunciado que han trasladado al Gobierno de España esta problemática aportando planteamientos constructivos encaminados a buscar soluciones "equilibradas".

Así, los propios afectados exponen que la aplicación de la actual política pesquera comunitaria restringe hasta en un 40% los días para faenar. De modo que los pescadores consideran que el nuevo reglamento de la Unión Europea supondrá la “quiebra absoluta”; ya que además de los recortes en los días de pesca, también proponen la creación de nuevas zonas de veda y la aplicación de nuevas mallas a los artes de pesca. 

De modo que la vicealcaldesa Arroyo ha mostrado su apoyo a los pescadores “porque son los mejores y mayores defensores y conservadores de los caladeros y sus recursos. Explotando las poblaciones de peces de una forma responsable y mejorando la gestión pesquera de acuerdo a las normativas y a su propia experiencia. Buscando un equilibrio entre la sostenibilidad ambiental y la sostenibilidad socioeconómica de la comunidad pesquera, que sustenta a miles de familias en nuestra costa”.

Muestra de ello, cabe recordar que el pleno del Ayuntamiento a instancias del Gobierno local ya aprobó una moción el pasado año para reclamar al Estado que establezca un plan de gestión para la conservación de los recursos pesqueros en el Mediterráneo, por el efecto negativo que causa en el sector pesquero de Cartagena.