La crisis del Coronavirus está creando consecuencias muy graves. Desde el PCE-PCRM y la Juventud Comunista de la Región de Murcia queremos denunciar un nuevo ataque contra los derechos de la clase trabajadora. Esta vez se trata de un caso de explotación laboral perpetrado por casi una veintena de propietarios agrícolas en el campo de Cartagena que se aprovechaban de la situación irregular de migrantes en el territorio.

Los explotadores recogían a los migrantes en furgonetas particulares para hacerlos trabajar en sus fincas a cambio de salarios que oscilaban entre los 150 y los 200€ mensuales sin además cumplir las medidas sanitarias establecidas frente al COVID19. Los migrantes al hallarse en situación irregular se han encontrado en una total desprotección frente a empresarios sin escrúpulos que no han dudado en convertirlos en carne de cañón para que sufran las más duras consecuencias que el capitalismo genera, trabajar en condiciones inhumanas por un salario que se aleja enormemente de lo estipulado por la ley e incluso de lo necesario para poder sobrevivir.

Pero aquí no termina la condena de estos trabajadores, aunque por el actual estado de alarma los CIEs se encuentran cerrados, debido a su situación irregular es probable que se les habrá un expediente de expulsión que les obligue a salir de país en un periodo breve de tiempo.

Por ello, desde el PCE-PCRM y la Juventud Comunista de la Región de Murcia exigimos una "regulación efectiva" de las personas migrantes, que en esta crisis sanitaria y económica "se ha demostrado que es necesario y de justicia" porque la situación excepcional que vivimos demanda medidas excepcionales. También pedimos que las instituciones y los agentes sociales garanticen las medidas necesarias para que las personas que vayan a trabajar en las campañas agrarias tengan las garantías sanitarias, sociales, habitacionales y de transporte que eviten situaciones que pongan en peligro el avance de la lucha contra el coronavirus.