Hace escasos días, la concejal del Grupo municipal MC Cartagena, María José Soler, y los vocales cartageneristas en la Junta Vecinal de Los Dolores, mantuvieron una reunión de trabajo con miembros del AMPA del instituto El Bohío, quienes dieron cuenta del perjuicio que sufrirán los alumnos de 1° de E.S.O. de la barriada Hispanoamérica, ya que la Consejería de Educación, a través de su departamento de inspección, ha decidido la retirada del autobús de titularidad regional que trasladaba a estos jóvenes hasta el centro educativo.

Para ello, se han basado en que este barrio no dista de un radio mayor a tres kilómetros del instituto. La circunstancia ha despertado el recelo de los padres al poder tratarse de un agravio comparativo con otros barrios y localidades de la ciudad de Murcia en la que se aplica cierta laxitud con esta norma.

Así, María José Soler ha anunciado que "solicitaremos a través del portal de transparencia de la CARM que se nos detalle la ruta de cada uno de estos autobuses y la justificación de paso y el radio que cubren para garantizar que la rigidez con la que actúan en Cartagena es idéntica a la que practican en el resto de municipios de la Región".

"Las opciones que ofrecen a los padres es absolutamente indignante. Por un lado, coger uno de dos autobuses de línea regular que obligaría a los chicos a estar en ruta una hora antes de empezar las clases. La otra posibilidad, el traslado a otro centro mucho más alejado, con el consiguiente perjuicio de tiempo y operatividad", ha explicado la concejal cartagenerista.

"Queremos confirmar que la normativa se está aplicando en todos los municipios de manera idéntica. De lo contrario se deduciría que lo que intentan en Cartagena es conseguir un ahorro económico a costa de nuestros jóvenes. Y sería una discriminación que exigimos sea subsanada inmediatamente", ha razonado María José Soler.

En otro orden de cosas, la edil de MC Cartagena ha informado de otras cuestiones que centran las necesidades del centro educativo de El Bohío, como la retirada del amianto existente o el incumplimiento en algunas clases del espacio mínimo exigido entre alumno y pupitre de 1.5 metros para garantizar las condiciones mínimas de comodidad y seguridad en la prestación de este derecho constitucional.