Jiménez confirma los criterios técnicos que llevaron al Ministerio a  descartar el Hotel Peninsular como sede de varios juzgados

Asegura que entiende y acepta las críticas políticas e institucionales, pero le decepcionan profundamente declaraciones extemporáneas e irresponsables, profundamente descalificativas y ofensivas, impropias de un cargo político

El delegado del Gobierno, Francisco Jiménez, lamenta y censura las declaraciones de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, en las que utiliza expresiones como “qué caos lleva el delegado del Gobierno”, y le acusa de tener “un grave problema de interlocución y de conocimiento”, como respuesta a sus manifestaciones en las que reiteraba la voluntad del Gobierno de España de construir la Ciudad de la Justicia previa cesión por parte del ayuntamiento de unos terrenos apropiados, y libre de cargas, como sucede en este tipo de proyectos y convenios con distintas ciudades españolas.

Jiménez asegura que entiende y acepta las críticas políticas e institucionales, pero lamenta, y le decepcionan profundamente, declaraciones extemporáneas e irresponsables, profundamente descalificativas y ofensivas, envueltas en un tono impropio de un cargo político que esconden una clara estrategia de huida hacia adelante para no asumir sus propias responsabilidades.

Jiménez ha indicado que no tiene problemas ni de conocimiento ni de interlocución, más bien al contrario, y que es precisamente esa interlocución directa, responsable y habitual con el Ministerio la que le permite tener buen conocimiento de la situación y afirmar, como afirmó el martes en Cartagena, que son criterios técnicos los que llevaron a rechazar el Hotel Peninsular como sede de varios juzgados, cuya construcción, por otra parte, sigue siendo una prioridad para el Gobierno de España.

Respecto al nuevo cuartel de la Guardia Civil, Jiménez insiste en que es el ayuntamiento el que debe ceder el solar acordado con la Dirección General de la Guardia Civil, y manifiesta su sorpresa ante la propuesta de Castejón de remodelar el actual cuartel y que el Ministerio asuma los costes de alquiler que supondría la reubicación temporal de las familias que allí viven.

El delegado del Gobierno espera un cambio en la actitud de la alcaldesa, que cese en sus insultos y descalificaciones y trabaje con lealtad para solucionar los problemas de los cartageneros.