Francisco Martínez, Concejal de Cartagena Sí Se Puede (CTSSP), afirma que el gobierno socialista municipal del PSOE, en una muestra más de incapacidad, presenta por fin, DESPUÉS DE MÁS DE CUATRO AÑOS. una propuesta para adaptar el Reglamento General del Taxi a la Ley 10/2014 de la Región de Murcia. Un plazo que según lo dispuesto en la ley expiró el 22 de diciembre de 2015.

Para el edil de Podemos, la propuesta que hace el PSOE a la Comisión de Hacienda, que se reunirá el próximo lunes, mira más por proteger la especulación de la transmisión de las licencias que por la innovación, los derechos de los usuarios y los trabajadores y trabajadoras del sector.

A continuación, Francisco Martínez enumera los aspectos de los que adolece la propuesta o están regulados insuficientemente:

1º.- No se establecen criterios que permitan calcular el número óptimo de licencias que necesita el municipio.

2º.- No se garantiza que el municipio disponga de un número mínimo de taxis adaptados para atender a las personas que lo requieran.

3º.- Se permite la transmisión de las licencias municipales, que sólo debería autorizase en casos muy excepcionales y debidamente justificados. Por el contrario, se prevé indemnizar a los titulares por la amortización de licencias, materializando así el traspaso injustificado de un bien púbico y por contra autorizando un posible desembolso municipal que palie el riego que debe admitir toda actividad empresarial privada.  

4º.- No se prevé ningún sistema de acceso o de formación que garantice plenamente que se presta el servicio con los recursos tecnológicos y de seguridad idóneos.

5º.- No se apuesta claramente por vehículos ecológicos respetuosos con el medio ambiente.

6º.- Se deja en el aire, a criterio del gobierno municipal, decisiones tan importantes como el calendario de trabajo, vacaciones, jornada, etc., que puede ocasionar conflictos en el futuro.

7º.- Las sanciones previstas por incumplimientos sólo lo son en cuantía económica sin que exista una garantía plena, que en casos extremos el ayuntamiento pueda revocar la licencia por la acumulación de faltas muy graves. Lo cual puede suponer un riesgo o indefensión para los usuarios.

En resumen, para la formación morada el gobierno municipal desaprovecha una nueva ocasión para mejorar el servicio que presta y las condiciones precarias de los trabajadores del sector.