Para CTSSP-PODEMOS, el Gobierno recurre todas las sentencias judiciales, excepto aquellas que tiene que recurrir, es decir, las que van en contra del interés general de los vecinos de Cartagena
Más de 5 millones de euros, cerca de un millón al año, se irán por el sumidero para pagar los desmanes urbanísticos de los sucesivos Gobiernos del PP, desmanes en perjuicio de las arcas públicas que fueron avalados y perpetrados también por altos funcionarios municipales, como el siempre omnipresente Director General de Urbanismo del Ayuntamiento: además del caso del Vivero de la Manga, está el fracaso del Plan General, la Urbanización Buenos Aires, Casco Antiguo SA o los terrenos del antiguo cuartel de la Guardia Civil de La Azohía, por citar solo algunos (todos ellos con perjuicio para el Ayuntamiento).
CTSSP-PODEMOS ha criticado que el Gobierno socialista, según sea el caso y sobre todo de quién son los intereses económicos que están en juego, recurre las sentencias judiciales hasta el hartazgo (como con el Plan General) o paga sin rechistar hasta el último céntimo que exigen los terratenientes y grandes promotores de Cartagena. Pero lo más grave no es eso, sino que todos los cartageneros paguemos durante décadas las consecuencias de la corrupción urbanística y la ineptitud, pero que nadie le pida responsabilidades a quienes nos trajeron a esta situación: es inconcebible en cualquier Estado democrático que, tras los sucesivos reveses judiciales y la sangría económica en materia urbanística, el propio Gobierno no haya destituido a ni un solo alto funcionario ni ha llevado a los tribunales la pésima gestión de los políticos, que es lo que haría cualquier Gobierno decente preocupado en el interés general.
La formación morada también ha anunciado que preguntará en el próximo Pleno cómo piensa afrontar el Gobierno las próximas sentencias judiciales adversas que se avecinan, según confirmaron recientemente fuentes municipales a La Verdad2E PODEMOS está interesado en saber: ¿De cuánto dinero estamos hablando? ¿Por qué convenios y en base a qué incumplimientos? ¿Nuevamente se pagará todo sin recurrir? ¿Quién responderá técnica y políticamente por ello?
Por último, el grupo municipal de PODEMOS ha considerado vergonzoso que el PSOE se escude en que estas sentencias son parte de la herencia recibida, cuando la verdad es que no ha modificado ni una coma de la política urbanística del PP, ha mantenido impunemente a sus ideólogos en sus puestos, ha continuado con la burbuja y la especulación, se reúne a escondidas con los grandes promotores y sigue dando vía libre a la misma irracionalidad que nos trajo a donde estamos: hoteles y nuevas moles en Los Urrutias, o complejos de élite en la playa del Lirio o Playa Paraíso, son algunos de los tristes ejemplos que prueban que el PSOE ha continuado sin desvíos el camino trazado por Pilar Barreiro.
Por último, Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha insistido en que “la corrupción urbanística en Cartagena nos sale cada vez más cara, que nadie ha pagado por ella excepto el pueblo de Cartagena, que son esos millones las obras que faltan en barrios y diputaciones y que urge terminar con el urbanismo especulativo, una irracionalidad que sólo ha servido para destruir el medio ambiente y enriquecer a un puñado de grandes empresarios amigos del poder político”.