- El diputado nacional de Ciudadanos, Miguel Garaulet, ha exigido al Gobierno de España que cumpla con la Proposición no de Ley impulsada (PNL) por Cs para implementar medidas para reforzar la independencia e imparcialidad de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional

- “En Ciudadanos somos conscientes que hoy se libra una batalla entre los valores constitucionales y los decimonónicos, es decir, la objetividad, la igualdad, el mérito contra el clientelismo o el enchufe interesado, y sabemos muy bien en qué bando queremos estar”, ha señalado el portavoz local de Cs, Manuel Padín

La decisión de la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón de colocar  de interventor municipal en el Ayuntamiento a un militante que ha ocupado cuatro cargos en la directiva del PSOE ha sido trasladada al Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario de Ciudadanos.

El diputado nacional de Ciudadanos, Miguel Garaulet, ha exigido al Gobierno de España que cumpla con la Proposición no de Ley (PNL) impulsada por Cs para implementar medidas para reforzar la independencia e imparcialidad de los funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional. La PNL pide reformar las garantías de la utilización del concurso de méritos para la provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación  de carácter nacional como forma habitual de cobertura, siendo la libre designación un procedimiento residual que requiera el establecimiento de requisitos estrictos y excepcionales que la justifiquen.

Miguel Garaulet ha explicado que “los interventores municipales son los encargados de fijar los criterios jurídicos, fiscalizar y advertir a los cargos electos de la legalidad de sus decisiones y entre sus funciones destaca la asesoría jurídica, económica y contable que debe realizarse de manera imparcial y totalmente autónoma; realizan multitud de actos jurídicos relacionados por ejemplo con los planes generales urbanos, los presupuestos municipales, otorgamiento de concesiones públicas, y contrataciones que afectan de forma directa e importante a los intereses de los ciudadanos”.

“Teniendo en cuenta que la mayoría de los casos de corrupción se han dado a niveles de la administración local y autonómica, la relevancia de contar con estos técnicos para velar por la legalidad de las decisiones que se toman es obvia”, ha señalado Garaulet.

“La situación de Cartagena en este sentido es un despropósito que el nuevo Gobierno local no ha querido corregir, y donde se justifica la decisión de escoger a un militante socialista para el cargo de interventor asegurando que esta plaza está cubierta desde años de manera provisional por la falta de interés en ella por los funcionarios habilitados para ejercer en grandes ciudades”, ha lamentado Miguel Garaulet que ha registrado en el Congreso una batería de preguntas con el objetivo de que el Gobierno de España explique las medidas que piensa llevar a cabo para reforzar las garantías de la utilización del procedimiento de concurso de méritos para la provisión de los puestos de trabajo reservados a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, como forma habitual de cobertura.

Además ha pedido que se aclare el porcentaje de plazas de la Escala de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional que sigue vacante en la actualidad, por provincias y desglosadas entre secretaría, intervención y tesorería. También ha solicitado al Gobierno central que realice una valoración de la evolución de las vacantes de los puestos referidos desde marzo de 2017, y que explique los  mayores obstáculos con los que se encuentra para cubrir el 100% de las vacantes, y lo que piensa hacer para superarlos.

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos en Cartagena, Manuel Padín, ha señalado que en “Ciudadanos somos conscientes que hoy se libra una batalla entre los valores constitucionales y los decimonónicos, es decir, la objetividad, la igualdad o el mérito contra el clientelismo o el enchufe interesado, y sabemos muy bien en qué bando queremos estar". Para Manuel Padín, la figura del interventor en una administración local es esencial y sus funciones de primer orden ya que realiza el control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, así como la contabilidad. Por ello, "entendemos que este Ayuntamiento debería haber promovido mejor un concurso basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad y haber implementado las acciones necesarias para impedir que esas convocatorias se declarasen desiertas".

“Espero que la proposición presentada en el Congreso por nuestros compañeros salga victoriosa y terminen aplicándose medidas para evitar que lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Cartagena durante tantos años no vuelva a ocurrir”, ha asegurado Padín.