Esta mañana, la viceportavoz del Grupo municipal MC Cartagena, Isabel García, ha avanzado el trabajo de la formación cartagenerista, con vistas al Pleno del mes de abril, para exigir a Ana Belén Castejón que "si no lo ha hecho antes de la celebración del Pleno, convoque la provisión de los puestos reservados para habilitados nacionales en el Ayuntamiento de Cartagena".

La edil ha defendido la voluntad de su grupo, asentándolo en "el reiterado ataque a la imparcialidad de los funcionarios por parte del PSOE local, retomando las prácticas del PP durante 20 años".

En este sentido, conviene recordar que el pasado viernes, Castejón, por sorpresa, y sin conocimiento de su socio de Gobierno C's, situó como interventor a un ex miembro de la Ejecutiva del PSOE, cesando con ello a la anterior interventora.

La razón última, argumenta la edil, parece ser "la necesidad de Castejón de obtener informes más 'amables' y 'complacientes' del órgano fiscalizador del Ayuntamiento, que posibiliten sus 'apaños' con Hidrogea, FCC, Lhicarsa o la concesionaria del Auditorio 'El Batel', sin sobresaltos ni reparos legales".

"Son muchos millones de euros los que se juegan las concesionarias, a las que la alcaldesa ha fiado su futuro, entregando Cartagena en tiempo récord, para dejarlo todo a la legalidad y la independencia de la función pública. Ya hay más funcionarios víctimas de la revisión de la tarifa de Castejón que euros al mes dice que va a bajar el recibo", ha lamentado la concejal.

Esta coyuntura, en opinión de Isabel García, servirá para "comprobar la labor del fiscalizador, ahora fiscalizado, y mientras tanto impulsar que la provisión definitiva de éste y otros puestos durante 2018. Por ello, trabajamos en una moción para instar al Gobierno a que se adecúe a la nueva regulación, el Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el régimen de funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional".

La concejal de MC ha precisado que "además de esta adecuación, reclamaremos que no se incluya en las bases de la provisión definitiva la 'cláusula del miedo' o 'anti Urruticoechea', una cláusula de 'idoneidad' de la que se sirvió Pilar Barreiro para no dar entrada a Fernando Urruticoechea, quien cumplía en 2014 todos los requisitos. MC la eliminó MC en 2016, mientras que el PSOE la volvió a incluir en 2017. Ahora, con el nuevo interventor, sabemos la razón".

"Por ello, - ha concluido García -, instaremos a que la convocatoria para 2018 se publique a la mayor brevedad y sea realmente abierta y legal. La trascendencia de la función que desarrollan los habilitados nacionales exige pulcritud y decencia. Esperamos que no se inscriba en el terreno del capricho político, como sucede ahora con Castejón y antes con Barreiro".