CTSSP ha anunciado la presentación de una batería de más de 30 preguntas dirigidas al Gobierno socialista en relación al control del contrato de limpieza viaria, recogida de basuras y tratamiento de residuos. Tras conocerse numerosa información proveniente de los técnicos municipales, el grupo municipal considera que el PSOE debe dejar de esconderse como un avestruz y comunicar a la opinión pública todos y cada uno de los incumplimientos contractuales que FCC viene practicando.

La formación morada ha denunciado, además, que el Gobierno socialista sigue sin facilitar la información a su grupo, alguna de ella solicitada hace más de dos años, como las actas del Consejo de Administración de LHICARSA o los informes del Director del Contrato, informes que ponen de manifiesto que la concesionaria viene incumpliendo reiteradamente el pliego de condiciones, incluidas modificaciones del contrato perjudiciales para el Ayuntamiento y que podrían derivar en un entramado similar al que atraviesa al servicio de agua potable y saneamiento2E

El grupo municipal de PODEMOS exigirá en el próximo Pleno que el Gobierno cumpla con la ley y defienda el trabajo de sus técnicos, que sancione todos y cada uno de los incumplimientos contractuales y que exija a la concesionaria que devuelva al Ayuntamiento las cantidades que ésta habría percibido indebidamente.

Pilar Marcos, portavoz del grupo municipal, ha declarado: “No estamos hablando de simples detalles sino del servicio público que, después del agua, le sale más caro a los cartageneros. Un servicio público que arrastra un déficit anual millonario. Estamos hablando, entre otras muchas cosas, de falta de inversiones, irregularidades en personal, venta inapropiada de subproductos de la Planta de El Gorguel, maquinaria obsoleta y una prestación deficiente a todas luces. Si tuviéramos un Gobierno valiente y respetuoso de la ley, la empresa ya estaría sancionada, habríamos recuperado muchos millones cobrados indebidamente y el servicio se estaría prestando de acuerdo a lo que marca el contrato. Pero sucede todo lo contrario: El PSOE no defiende el interés general y, como tiene mano de seda con las grandes concesionarias, prefiere aumentar de un plumazo los millones que le pagamos a FCC antes de controlar el servicio, procurando que la empresa deje de incumplir sistemáticamente el contrato.”