La Comisión de Seguimiento y Control del Agua del Ayuntamiento de Cartagena se ha reunido esta tarde bajo la presidencia del alcalde, José López. En ella ha estado también por parte del Gobierno municipal, la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, el concejal de Participación, Juan Pedro Torralba, y la concejal de Hacienda y Contratación, Isabel García, además de los portavoces de los tres grupos de la oposición, Francisco Espejo (PP), Manuel Padín (Ciudadanos) y Pilar Marcos (CTSSPP). Igualmente se encontraban representantes de la empresa concesionaria, Hidrogea, y técnicos municipales, encabezados por el director general de Infraestructuras, Manuel Nicolás.

Hidrogea había llevado un notario para levantar acta de la sesión, pero ha abandonado la sala antes del inicio de la misma por no estar convocado y al explicarle que la funcionaria secretaria de la comisión era la única que podía actuar como fedataria pública de la misma y que además grababa íntegramente el audio las sesiones para que se reflejara fielmente su contenido en las actas.

Según ha explicado el alcalde al término de la reunión, la Comisión de Seguimiento y Control  es el cauce legal de relación entre el Ayuntamiento y la concesionaria del servicio; y la sesión de esta tarde ha tenido un marcado carácter informativo en el que se ha dado cuenta por parte del Gobierno municipal de los procesos que hay actualmente hay en marcha.

Entre ellos los relativos al denominado caso Pokemon y las solicitudes de información que el juzgado de Lugo ha tramitado ante el Ayuntamiento de Cartagena con respecto a la concesionaria, empresas y políticos involucrados en este caso y que han tenido relación con el Ayuntamiento de Cartagena.

Igualmente se ha dado cuenta del proceso que se sigue para el establecimiento de una nueva estructura tarifaria y una rebaja de en torno al 12 por ciento en recibo del agua, de acuerdo a la actualización que corresponde al estudio de costes elaborado por los servicios técnicos municipales.

El alcalde ha anunciado que estos procedimientos, previa resolución de las alegaciones de la concesionaria después del traslado por 10 días que se les dará presumiblemente mañana, se resolverá próximamente por la Junta de Gobierno.

Los nuevos precios para las tarifas propuestas por los servicios municipales podrían entrar en vigor en un plazo que oscilaría entre uno y tres meses, dependiendo de la tramitación que de la misma haga la Comunidad Autónoma.