Los únicos desarrollos urbanísticos previstos en todo el perímetro del Mar Menor que pueden tener un efecto negativo están en el municipio de Cartagena, y por tanto, son los socialistas quienes desde el ayuntamiento pueden paralizarlos, ha afirmado el diputado popular Juan Guillamón, para recodar seguidamente, que las competencias en materia de Urbanismo residen en los ayuntamientos y la Comunidad Autónoma tiene una función exclusivamente de tutela.

El Partido Popular apoyará todas aquellas medidas y actuaciones que contribuyan a la preservación del Mar Menor. Ya lo está haciendo el Gobierno regional de una forma seria y rigurosa, un trabajo cuyos resultados ya han empezado a ser palpables en el estado de la laguna, ha explicado el diputado popular, pero no vamos a respaldar ocurrencias de los socialistas con las que tratan de utilizar a la Asamblea Regional como un instrumento para solucionar sus problemas de gobierno en el ayuntamiento de Cartagena, ha añadido.

Juan Guillamón ha recordado que los socialistas simplemente tienen que denegar la licencia o cambiar el planeamiento si quieren paralizar los proyectos de Cala Reona, Huerta calesa y San Ginés de la Jara, el problema es que su socio de gobierno, José López no quiere hacerlo, ha dicho.

El diputado del PP en la Asamblea Regional ha recordado que los ayuntamientos de Los Alcázares, San Javier y San Pedro del Pinatar se han manifestado claramente en contra de la moratoria, porque la consideran una injerencia clara en las competencias municipales. Y apunta que se crea una inseguridad jurídica que lo único que hace es ahuyentar a los inversores y perjudicar a cientos de pequeños propietarios. En esta línea ha recordado los efectos negativos que tuvo en Barcelona la suspensión de licencias hoteleras que aprobó la alcaldesa, Ada Colau.

Guillamón no ha dejado pasar la oportunidad para recordar al Partido Socialista la política urbanística que desarrolló en Los Alcázares con decenas de urbanizaciones fantasma que provocaron numerosos vertidos al Mar Menor ante la inexistencia de infraestructuras necesarias como las depuradoras.

El diputadoregional popular ha advertido que una moratoria como la que pide el PSOE pone en peligro incluso la ejecución de la ITI cuya inversión es de 45 millones de euros. Y ha afirmado que la Comunidad Autónoma dispone de los instrumentos legales suficientes para vigilar e impedir que ningún ayuntamiento se exceda en sus competencias y tome decisiones de carácter urbanístico que puedan perjudicar al Mar Menor.

Para Guillamón, el ladrillo no es hoy la principal amenaza para el Mar Menor, existen otros condicionantes que afectan más a la laguna como la navegación o la agricultura.