Las evidencias que aparecen en el sumario de la operación Púnica y las más que probables consecuencias de éstas recuerdan a Al Capone, quien después de décadas al frente del crimen organizado fue condenado por delito fiscal.

En este caso, después de años de tramas urbanísticas y, de todo tipo de servicios, protagonizadas por los dos anteriores alcaldes de Cartagena, resulta que ambos aparecen vinculados con una actuación delictiva por una tarjeta en un peaje y unas facturas de en torno a 4.000 €, pagadas con dinero público para mejorar la reputación de Barreiro.

El nombre de Púnica para esta trama lo debemos entender como el pasado de esta ciudad que se revuelve contra una maraña de corrupción y desea un futuro lejos de estos sujetos y las estructuras que los han amparado durante años.

Sobre estas estructuras, además de empresarios que nunca lo fueron y que deberían dejar su sitio, debemos una vez más mirar hacia el PP local que no sólo encabeza Espejo, con todo lo que eso conlleva de prolongación del pasado nefasto de Barreiro, sino que tiene entre sus concejales a Carolina Palazón, que no ha tenido ni la intención de intentar explicarse tras conocerse que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recoge que firmó facturas a favor de la empresa Madiva Editorial y Publicidad SL, sociedad 'clave' de la operación Púnica.

Si no tiene explicaciones a ser la firmante de las facturas que el Ayuntamiento abonó a la trama Púnica, debe renunciar a su acta de concejal y, si sale a darlas, le solicitamos sinceridad y que no engañe a los cartageneros como llevan haciendo desde que estalló este asunto.

El PP de Cartagena aseguró que no había conexión con la trama y ahora la UCO demuestra que se desvió dinero público para fines personales con la firma de la concejal del PP en el Ayuntamiento de Cartagena, Carolina Palazón y de Francisco Ferreño quien, aún hoy, es secretario del Grupo municipal Popular.