El concejal de Policía en el gobierno de López, el socialista Francisco Aznar, ocultó al Ayuntamiento el 85% del valor de las obras ilegales que se hizo en una finca de su propiedad en El Palmero, una falsedad que le habría permitido ahorrarse la mayoría de los impuestos municipales. Según ha comprobado el Grupo Municipal Popular en su expediente, Aznar declaró en su petición de licencia una inversión de 4.000 euros para una caseta de aperos y una balsa de riego, pero los técnicos municipales calcularon que el valor de la obra estaba por encima de los 29.000 euros.

"En ese expediente que el Gobierno nos han ocultado durante cuatro meses hemos visto que nuestro concejal de Policía también mintió sobre el valor de sus construcciones y ese es su cuarto engaño al ayuntamiento. Primero dijo que iba a hacerse una balsa y un cuarto de bombas, pero se hizo una piscina con barbacoa y vestuarios; luego el Ayuntamiento le ordenó parar la obra, pero él la continuó hasta terminarla; finalmente el Ayuntamiento le ordenó demoler la obra y la sigue disfrutando, él y toda la cúpula del PSOE, incluidos Tovar y Castejón, como ha contado la prensa", ha señalado Esperanza Nieto, concejal popular.

Nieto recuerda que el Alcalde López quiere legalizar unas obras sobre las que pesa un decreto firme de derribo en el que se establece de manera taxativa que las obras son "de imposible legalización". Ese decreto, firmado por el que era y sigue siendo director de Urbanismo en el Ayuntamiento, obligaba a su derribo en el plazo de un mes y el Ayuntamiento está obligado a que se cumpla.

Urbanismo calificó estas irregularidades urbanísticas como "infracción urbanística grave" por construir sin licencia, con el agravante de haber incumplido la orden de paralización de las obras dictada por el Ayuntamiento.

Aznar presentó una alegación para rebajar la multa. Aunque reconoció que se había hecho una piscina, que había urbanizado la parcela y que se había construido un habitáculo y un porche, corrigió los metros construido para rebajar el importe de la inversión a 26.000 euros y lograr que la sanción fuese inferior.