El Partido Popular de Cartagena considera que la gestión que el Gobierno está haciendo sobre la piscina ilegal del concejal Aznar representa un trato de favor y podría suponer un delito porque la concejalía de Urbanismo, que dirige directamente el alcalde José López no ha ejecutado el decreto de demolición que sigue vigente y está asistiendo impasible a los intentos del infractor para legalizar las obras, según ha dicho esta mañana en rueda de prensa el vicesecretario de Sectorial y portavoz del Grupo Popular, Francisco Espejo.

Espejo ha recordado que "el socialista Aznar mintió al ayuntamiento pidiendo una licencia de una balsa para regar hortalizas para hacerse una piscina, después incumplió la orden de parar las obras cuando le sorprendió la policía y ahora sigue sin cumplir la orden de demolición de las obras que decretó el Ayuntamiento".

El portavoz ha llamado la atención sobre el acceso de Aznar a información confidencial sobre los informes que están elaborando los técnicos, como revela hoy la prensa, y se ha preguntado por qué el Gobierno de José López concede a su concejal las facilidades que no da a ningún cartagenero.

Espejo ha reiterado que el expediente que el Grupo Popular ha visto cuatro meses después de pedirlo contiene un decreto en el que se establece que las obras son "de imposible legalización" y otro en el que se impone una sanción y una orden de derribo que Aznar tenía que haber cumplido en el plazo de un mes.

El mismo decreto advertía de que, en caso de incumplimiento, el Ayuntamiento demolería las construcciones a su costa. Ese decreto sigue siendo de obligado cumplimiento porque la ley establece que la obligación de reparar el orden urbanístico permanece en vigor, en el mejor de los casos, hasta diez años.

La ilegalidad de estas construcciones se hizo pública en enero en una información de La Verdad y el Gobierno no puede alegar desconocimientos, por eso el portavoz popular afirma que "el alcalde y concejal de urbanismo tendrán que explicar por qué no ha ejecutado la decisión firme de derribo ni ha vuelto a imponer a Aznar las sanciones que prevé la ley para que sea él quien cumpla la resolución de urbanismo".

"A todas estas irregularidades, según Espejo, se suma ahora el acceso directo que, el concejal infractor ha tenido a los informes técnicos que todavía se están elaborando, según la información que un portavoz de la Vicealcaldesa Castejón ha facilitado al diario La Opinión".

"Todas estas informaciones, a juicio del portavoz, presentan a un Gobierno que ha renunciado a cumplir sus propios decretos mientras espera que uno de sus concejales evite cumplir la orden de demolición que se le ha ordenado".