Francisco Aznar, concejal socialista en el gobierno de López,, continuó las obras ilegales que levantó en una parcela de su propiedad en el Palmero, a pesar de que los servicios de Urbanismo decretaron su paralización inmediata cuando le sorprendieron haciéndose su piscina. Desobedecer esa orden municipal de paralización fue considerada como una circunstancia agravante en el expediente sancionador, al que el Grupo Municipal Popular ha tenido acceso cuatro meses después de solicitarlo.

El expediente sancionador establece que las obras ilegales que el concejal se hizo son "de imposible legalización". El coordinador de Urbanismo, que tenía delegadas las competencias sancionadoras, impuso una multa económica y la obligación de demoler las obras, otra orden municipal que el concejal socialista sigue sin cumplir. En este caso, según advertía la sanción, demolería el Ayuntamiento. Esta obligación sigue vigente para el Ayuntamiento porque no prescribe en 15 años a partir de la sanción.

"Este gobierno ha retrasado sin motivo nuestro derecho a conocer este expediente. Seguramente querían impedir que viéramos lo que hemos visto: que esas obras están declaradas oficialmente "de imposible legalización". Y eso tiene su importancia porque el alcalde dijo en un pleno que iba a solucionar la papeleta a su concejal y trataría de convertir esa piscina prohibida en una piscina legal. Esa colaboración es inmoral; pero a la vista del expediente, además es imposible y el gobierno lo sabe", ha dicho la concejal popular, Esperanza Nieto.

Nieto ha denunciado que "López está tratando de ganar tiempo y que no se hagan las fotos de las palas tirándole la piscina a su concejal de Policía. En vez de castigar a los infractores, este alcalde se dedica a perseguir a los que si tiene licencia para intentar callarnos".

La concejal popular ha anunciado que su grupo está trabajando en varias iniciativas sobre este trámite y las obligaciones del Ayuntamiento que llevará al próximo Pleno.