El concejal delegado de Educación, David Martínez Noguera, ha anunciado que el departamento que dirige ha retirado la subvención anual de asesoría (3.000 euros) a la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Cartagena y Comarca (FAPA) ante las presuntas anomalías en la adjudicación de servicios pagados con fondos municipales a empresas del presidente y vicepresidente de la FAPA de Cartagena.

El edil Martínez Noguera ha señalado que esta medida responde a las dudas legales que ha suscitado el proceso de facturación de asesoría fiscal y jurídica que la FAPA ha presentado con cargo a dos empresas vinculadas en la gestión de forma directa al presidente de la Federación, Roberto Carlos Navarro, y al vicepresidente, Juan Ramón Hueso. 

Desde esta concejalía se ha anunciado que los servicios jurídicos del Ayuntamiento van a elaborar un informe para conocer si se ha podido incurrir en cualquier tipo deincompatibilidad al cargar tres facturas a estas mercantiles relacionadas de forma directa con los gestores de la FAPA y cuyos importes totales ascenderían a 3.004 euros. 

Para el concejal la situación aún puede ser mucho más grave ya que el presidente de la Fapa, Roberto Carlos Navarro, es además vocal del Partido Popular en la Junta Vecinal de La Palma, una circunstancia que puede agravar las dudas de la gestión del PP en esta diputación. 

El edil ha recordado que todos sabemos la forma de hacer política del PP, un partido que ha gobernado 20 años en el Ayuntamiento de Cartagena y que ha originado una deuda de más de 140 millones de euros que los ciudadanos tendrán que pagar de su bolsillo hasta el año 2022. 

El concejal ha querido señalar que ante el presunto trato de favor a empresas del propio presidente de la FAPA, desde la concejalía de Educación ya estamos trabajando en buscarvías de colaboración con las AMPAS para prestar el servicio de asesoramiento fiscal y jurídico y que éste pueda ser contratado y supervisado de forma directa desde el Ayuntamiento sin intermediarios terceros que puedan obtener algún rédito económico ni trato de favor administrativo.