Cartagena al igual que muchos municipios del Estado presenta unas cifras de desempleo absolutamente intolerables. Es obligación de las distintas administraciones públicas la implementación de medidas tendentes a la corrección de este grave desequilibrio en el marco de convivencia. Por ello, pensamos que el Ayuntamiento de Cartagena, en el marco de las competencias que tiene asignadas debe favorecer cualquier medida que mejore las condiciones a las que se enfrentan los desempleados en su búsqueda activa de empleo.
Alternativa Socialista-SPCT propone la modificación de la Ordenanza Fiscal Reguladora de la Tasa por derechos de examen u otras pruebas selectivas que en su artículo 4.2 establece una reducción del 50 % en las tasas que se pagan al ayuntamiento en las pruebas de examen para acceder a un puesto de trabajo que en la actualidad oscilan entre 39,10 euros y 79,20 euros. Pensamos que la reducción debería ser del 100 % especialmente para los desempleados que han agotado su derecho a prestación y no ingresan nada estando en situación de desempleo.
Igualmente pensamos que la Ordenanza Reguladora de la Tasa por la Realización de la Actividad Administrativa de Expedición de documentos administrativos no contempla en su artículo 4° ningún tipo de reducción o bonificación para ciudadanos en situación de desempleo. Así un desempleado en Cartagena que necesite cualquier certificado, plano e informe de la administración municipal paga la misma tasa que un ciudadano con empleo.
Un certificado de convivencia, 53,90 euros, un informe municipal 65,30 euros o un certificado municipal 15,50 euros son documentos que habitualmente se exigen a los trabajadores desempleados en determinados procesos de búsqueda activa de empleo.
Este régimen fiscal vigente da muestra de la nula progresividad fiscal que contienen las ordenanzas fiscales puestas en marcha durante los 20 años del gobierno popular y que desde Alternativa Socialista-SPCT exigimos al nuevo gobierno empiece a corregir, al objeto de que paguen más lo que más tienen y se ayude a los que peor lo están pasando, especialmente en las tasas y precios públicos que se pagan por servicios necesarios para buscar empleo.