En junio de 2014, el concejal José López (MC), interpuso querella criminal contra todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, quienes por unanimidad y de modo contrario a la Ley, dejaron desierta la plaza de interventor cuando el único aspirante cumplía los requisitos, y ahora la Asesoría Jurídica Municipal se ha personado en nombre de los querellados

Según el edil de MC, "lo que queremos saber es si los concejales del Gobierno municipal usan los medios públicos o abusan de ellos, si está justificado que la Asesoría Jurídica Municipal defienda un interés y el contrario en un procedimiento penal, y si el gasto que asumimos todos los cartageneros para defenderlos, en caso de que esta situación sea legal, se ha calculado para que lo devuelvan si resultan condenados"

Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC), va a presentar en el próximo Pleno Municipal una batería de preguntas para conocer por qué se utiliza a la Asesoría Jurídica Municipal y al propio Consistorio para la defensa de los intereses de los concejales en procedimientos penales.

Y es que en el mes de junio de 2014, José López, Concejal y Portavoz del Grupo Mixto-Movimiento Ciudadano de Cartagena, interpuso querella criminal contra todos los miembros de la Junta de Gobierno Local, quienes por unanimidad y de modo contrario a la Ley, dejaron desierta la plaza de interventor cuando el único aspirante cumplía los requisitos.

En dicho procedimiento se ha dado la circunstancia de que la Asesoría Jurídica Municipal se ha personado en nombre de todos los querellados, salvo Pilar Barreiro, a saber, los concejales Fátima Suanzes, José Cabezos, Joaquín Segado, Nicolás Ángel Bernal, Rosario Montero, Antonio Calderón, Francisco Espejo y Mariano García, para después presentar un escrito en nombre del Ayuntamiento, el Ayuntamiento que se supone que es de todos, pidiendo que se archive el procedimiento.

Para el edil de MC, José López, "sin querer entrar en la tramitación del procedimiento, sí que ha sucedido en ella algo que nos ha llamado la atención, y es que la Asesoría Jurídica Municipal actúa defendiendo a los concejales, pero también en nombre del Ayuntamiento que, en todo caso, será el perjudicado por su actuación, de resultar esta delictiva, por lo que sus intereses no son compatibles".

Y añade que "a resultas de esta actuación ha sido el Ayuntamiento quien ha pedido que se archive el procedimiento antes de que declaren los concejales, y no éstos quienes se han defendido, lo que nos lleva a plantear una batería de preguntas al próximo Pleno".

Las preguntas del grupo municipal de MC inciden en la compatibilidad o no de la actuación de la asesoría jurídica en defensa de los presuntos autores de los delitos y, a su vez, en defensa de los intereses generales como Ayuntamiento; del mismo modo MC quiere saber si se han recabado informes al respecto de esta compatibilidad y en lo relativo al coste que supone para las arcas municipales asumir la defensa de los concejales; y finalmente si se ha valorado este coste de uso del personal municipal para la defensa de sus intereses particulares, en caso de ser compatibles ambos intereses, para reclamárselo si resultan condenados.

Como indica el edil de MC, "lo que queremos saber es si los concejales del Gobierno municipal usan los medios públicos o abusan de ellos, si está justificado que la Asesoría Jurídica Municipal defienda un interés y el contrario en un procedimiento penal, y si el gasto que asumimos todos los cartageneros para defenderlos, en caso de que esta situación sea legal, se ha calculado para que lo devuelvan si finalmente son condenados".

EL CÍRCULO DE LA IGNOMINIA

Tras denunciar al equipo de Gobierno por dejar desierta la plaza de interventor cuando había un aspirante que sí cumplía todos los requisitos, López señala que, "con esta actuación se cerraba el círculo de la ignominia, puesto que bajo el gobierno de Dª. Pilar Barreiro Álvarez ha sido una constante no ocupar los puestos más relevantes de la función pública local con los funcionarios habilitados para ello, cercenando así los derechos de los ciudadanos y los de los propios profesionales que han venido ocupando esos puestos de control y fiscalización sin las debidas y legales garantías, lo que obligó a este Concejal a solicitar el amparo de los tribunales de Justicia".

No obstante, tanto la Fiscalía como la Juez entendieron que existían indicios de delito en la actuación del Gobierno municipal, lo cual viene avalado además por informes del Tribunal de Cuentas y el Consejo General de Colegios Oficiales de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local, por lo que se abrió la investigación judicial.