Formulará una batería de preguntas en el próximo Pleno motivada por las discrepancias entre técnicos municipales, Tribunal de Cuentas y la propia UTE, una vez conocida la sentencia que le obliga a pagar cautelarmente al Ayuntamiento las certificaciones que se adeudan a la UTE

La concesión de El Batel, sumada a la del Teatro Circo y La Mar de Músicas, supone que Pedro Pablo Hernández y su círculo ostentan un monopolio cultural privado en Cartagena, pero que "pagamos los cartageneros de modo generoso y engañoso"

Movimiento Ciudadano de Cartagena (MC) va a presentar en el próximo Pleno municipal una batería de preguntas sobre la actuación municipal respecto de la concesión del auditorio municipal El Batel a la UTE Sonora-Gestípolis y las discrepancias existentes entre los técnicos municipales, el Tribunal de Cuentas y la propia UTE.

Y es que hace tan sólo unos días han sido dictadas dos resoluciones judiciales que obligan cautelarmente al Ayuntamiento a abonar, con expresa condena en costas, las certificaciones que se adeudan a la UTE Sonora-Gestípolis, que explota el auditorio de El Batel, y a la empresa Mantenimientos y Custodias Arqueológicas, S.L., una cantidad total que está en torno a los 800.000 euros. Los representantes de ambas concesionarias, al menos como cabezas visibles, son de sobra conocidos: el Presidente de COEC y el que hasta hace pocas fechas fuera el pedáneo de La Puebla y miembro de la directiva del PP local.

Según el concejal de MC, José López, a estas alturas, "los ciudadanos ya deben tener su opinión sobre que las concesiones municipales recaigan en miembros activos en la política municipal y directivos del Partido Popular".

Para MC, la cuestión relativa a El Batel le parece merecedora de algunas aclaraciones, y más aún cuando la resolución hace expresa referencia a que "aunque se haya empleado el término de subvención en el contrato", el Ayuntamiento debe pagar, porque se trata de una obligación contractual y no de un subvención, sometida como tal a la Ley General de Subvenciones, y principalmente a su justificación.

PAGO OBLIGATORIO SIN JUSTIFICACIÓN

En palabras del edil José López, "queremos saber si el Gobierno municipal y el resto de grupos que participaron en la adjudicación (PP, PSOE, IU), conocían que el contrato obligaba incondicionalmente al Ayuntamiento a pagar a la UTE la denominada subvención, o por ejemplo, si el Gobierno municipal era consciente de que donde aparecía la palabra `subvención´ lo que debía decir es `pago obligatorio sin justificación alguna´".

Y añade que, "si como parece, el Gobierno municipal considera que debe pagar esa `subvención´, ¿por qué los técnicos y el Tribunal de Cuentas creen que debe justificarse y el Gobierno local no?".

Lo cierto, prosigue López, es que "la concesión del auditorio la ostentan los mismos que la del Teatro Circo o la Mar de Músicas, cuestión que supone que D. Pedro Pablo Hernández y su círculo ostentan en Cartagena un monopolio cultural privado, pero que pagamos los cartageneros de modo generoso y engañoso".

Por todo ello, MC va a preguntar si se piensan tomar responsabilidades políticas por este asunto, así como si la idea de externalizar servicios e instalaciones públicas es la de pagar por ello y que la ciudad no reciba contraprestación. Y deja una pregunta en el aire: si las empresas privadas ganan, y el Ayuntamiento no, ¿cuál es la contraprestación?