Izquierda Unida-Verdes, ante la oleada de robos e inseguridad que se está produciendo en diputaciones rurales y litorales del municipio de Cartagena había pedido que el Ayuntamiento instara a la Comunidad Autónoma a suscribir acuerdos de financiación con los propietarios de explotaciones agropecuarias, a través de las asociaciones que los agrupan, para que estos contrataen los servicios de vigilancia que permitan liberar efectivos de la Guardia Civil, que ahora dedican gran parte de su labor a vigilar tal tipo de explotaciones, para destinarlos a la mejora de la hoy maltrecha seguridad ciudadana en las diputaciones y localidades litorales y rurales.

También se pedía que se exigiera a la Delegación del Gobierno el incremento de la plantilla de los cuerpos de seguridad destinados en la Comunidad Autónoma y, en especial, en el municipio de Cartagena para evitar el grave incremento de los delitos contra la propiedad que se están viviendo.

Finalmente, que se acordara proceder a la total reposición de las plazas de Policía Local que se encuentran vacantes en la plantilla municipal de funcionarios del Ayuntamiento.

La respuesta del equipo de Gobierno del PP, a través del concejal de Seguridad, Mariano García, ha sido afirmar que "el término municipal de Cartagena es muy difícil de vigilar por que tiene 550 kilómetros cuadrados de extensión" y defendiendo que prime la vigilancia de las explotaciones agropecuarias sobre las viviendas de la ciudadanía con el argumento de que tales explotaciones crean puestos de trabajo y contratar vigilancia privada aumentaría sus gastos, obviando que la reparación de los daños que causan los robos también tienen un coste a los cientos de ciudadanos que están siendo objeto de los robos que se vienen produciendo en las diputaciones rurales y litorales.