La Alcaldesa de Cartagena ha entrado en campaña electoral esta semana, a los anuncios de obras por doquier en varios puntos del término municipal se une ahora la "oferta" de empleo público que va a poner en marcha. Parece que la Alcaldesa de Cartagena ha olvidado para este final de legislatura su reiterada obsesión por adelgazar la administración y reducir el déficit de las arcas municipales, lo que deja muy claro que la Sra. Barreiro, le pasa lo mismo que al gobierno con la ley del aborto, se defienden las medidas por convicciones y se retiran si perjudican por elecciones, parafraseando a Groucho Marx "estos son mis principios, sino les gustan tengo otros", lo que sea con tal de mantener el sillón.
Lo grave de la intención de la oferta pública de empleo anunciada ayer por la Sra. Barreiro es que ni es oferta, ni es pública, ni pretende crear empleo, ni obedece a criterios de eficiencia en la prestación de servicios, sino que más bien, mientras no se demuestre lo contrario, tiene como objetivo el fortalecimiento de la quinta columna dentro de la administración por si pierde las elecciones y de paso "dar estabilidad laboral a muchos ciudadanos que de forma provisional o interina ocupan un puesto de trabajo en el Ayuntamiento", como si los más de 20.000 parados que hay en nuestro municipio no estuvieran necesidades de estabilidad laboral.
SPCT considera inadmisible que en una situación de emergencia social como la que vivimos en nuestro municipio, el equipo de Gobierno del PP en lugar de darle oportunidades a todos los desempleados del municipio para optar a un puesto de trabajo, decida cubrir las vacantes generadas con personas contratadas por el propio Ayuntamiento desde 2.008, puesto que además de romper con el principio de igualdad de oportunidades, la medida tiene un sesgo claramente electoralista y encierra a nuestro juicio un clara intención de favoritismo hacia personas contratadas en su día sin pasar por una oposición por el equipo de Gobierno del PP.
Por otra parte nos parece insólito que en un momento de grave crisis económica, con el sector de la construcción reducido a su mínima expresión, las plazas que se saquen a concurso público sean precisamente en el Área de Urbanismo e Infraestructuras, que como consecuencia de la crisis han visto reducida sustancialmente su actividad, y sin embargo no se cubran las vacantes de servicios tan esenciales como la Policía y el Cuerpo de Bomberos que han visto reducida la plantilla de manera progresiva en la última legislatura.
Queremos destacar que de las 93 vacantes a cubrir, 30 son de la ADLE y del IMSEL, que no son precisamente un ejemplo de transparencia en la política de contratación laboral, sino más bien un cortijo del equipo de Gobierno.
Por último indicar que lo manifestado por la Alcaldesa no supone creación de empleo público puesto que salvo las 4 plazas de Urbanismo, no va entrar personas sin empleo a trabajar en el Ayuntamiento.