Que el Ayuntamiento inste a la administración regional a no reconocer la deuda exigida por la mercantil Hydro Management por la Desaladora de Escombreras por considerarla ilegítima y odiosa y a que inicie acciones legales de carácter penal contra los responsables políticos y técnicos del contrato suscrito con dicha mercantil. Eso es lo que ha pedido en el día de hoy el Grupo Municipal de IU-Verdes a través de una moción suscrita por el concejal Cayetano Jaime Moltó.
El edil de la formación de izquierdas ha recordado que la polémica en relación a la desaladora de Esombreras se ha incrementado al demostrarse los vínculos de dicha infraestructura con convenios urbanísticos y revisones del planeamiento urbanístico que no contaba con el aval de la Confederación Hidrográfica del Segura por la falta de garantía en el suministro de agua, invocando los municipios afectados la cobertura de suministro que les proporcionaría la desalinizadora a fin de neutralizar los informes negativos de la Confederación, como por ejemplo ha ocurrido en la sentencia 739/2013 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que expresamente declara la nulidad del PGMO de Puerto Lumbreras a pesar de que el Ayuntamiento se remitía a un acuerdo con el Ente Público del Agua en virtud del cual se garantizaban suministros hídricos por parte de la desaladora de Escombreras.
Cayetano Jaime ha recordado que el juez del caso Novo Carthago ha establecido una conexión directa entre el proyecto de urbanización ilegal de un espacio protegido y la desalinizadora. A este respecto, ha considerado significativa la relación del consejero Cerdá con las empresas Hidronostrum, Hydro Management y Desaladora de Escombreras, a través de las cuales existen indicios de que se estaba tratando de gestionar el abastecimiento de agua para el proyecto Novo Carthago'.
Las oscuras condiciones del contrato firmadas en su día con Hydro Management, la finalidad especulativa del agua a vender por la desaladora y la vinculación de ésta con un proyecto presuntamente delictivo, Novo Carthago, así como con proyectos urbanísticos cuya nulidad ha sido declarada por los tribunales, obligan a que la Administración, velando por el interés general, no reconozca la deuda contraída con aquella mercantil, y por consiguiente declare la deuda que reclama la empresa vinculada a ACS como una deuda odiosa, ilegítima, contraída de manera irresponsable por unos gestores políticos que no han tomado en consideración el interés general, sino k intereses especulativos privados vinculados, además, a prácticas delictivas en el terreno urbanístico.