Izquierda Unida-Verdes ha pedido hoy que el Ayuntamiento inste al Gobierno de la Nación a tomar medidas para el mantenimiento de la viabilidad del servicio público de Correos. Tal petición se debe al asedio sistemático que desde grupos con fuertes intereses empresariales y financieros en el sector de la logística y la paquetería se están llevado a cabo en los últimos tiempos, tales como la demanda presentada a la Comisión Europea por la patronal del citado sector en la que exige al Estado español la devolución de la financiación del Servicio Postal Universal desde 1998.

Tal asedio revertiría negativamente en los servicios a la ciudadanía. Así, si ya el estrechamiento de márgenes económicos que está sufriendo Correos ha tenido un coste social elevado (8.000 puestos de trabajo suprimidos, miles de barrios sin reparto, retrasos en las entregas, cientos de zonas rurales descubiertas y más de 16 millones de ciudadanos de medianas y pequeñas poblaciones afectados), el asedio puesto en marcha para acabar con la prestación del servicio, fin último que buscan las empresas del sector, supondría poner en peligro la viabilidad de la misma y los puestos de trabajo de más de 55.000 personas, al margen de dejar sin servicio a millones de españoles ya que para las empresas privadas no sería rentable el desplazamiento para la entrega de los envíos postales.

No hay que olvidar el importante papel de cohesión social, territorial y económica en el país que juega Correos, ya que pese al asedio al que nos venimos refieriendo y al coste social que están suponiendo los estrechamientos de márgenes comerciales, en la actualidad atiende a más de 8.000 municipios, 16 millones de hogares, 3,2 millones de empresas (de las cuales el 99% son pymes, muchas de las cuales no se pueden costear otro tipo de servicios), 7.100 puntos de atención en el ámbito rural y más de 100.000 kilómetros diarios realizados para llevar a cabo los repartos.

Actualmente, la paz social con los representantes de los empleados de Correos está a punto de romperse por el bloqueo del Convenio Colectivo tras seis meses de negociaciones. Esta situación, junto a todo lo enunciado anteriormente, hace necesario que se tomen medidas para garantizar el servicio. Éstas pasan porque el Estado se defina sin ambigüedad en la defensa de dicho servicio público, garantizar los compromisos de financiación para la prestación de los servicios postales a todos los ciudadanos expresados y aprobados en el Congreso, impulsar una regulación del mercado que no recorte el Plan de Prestación del Servicio Postal Universal y que cierre espacios a los intereses mercantiles de las multinacionales y lobbies financieros que sólo buscan beneficio y rentabilidad a costa de los derechos de los ciudadanos, asegurar que la correspondencia se reparta cinco días a la semana, como manda la Directiva Postal Europea, desbloquear las medidas ministeriales que están impidiendo a Correos la transición de la carta -hoy en clara caída por el efecto de sustitución- a otros mercados como la paquetería especialmente, desbloquear las decisiones ministeriales que impiden la consecución del acuerdo laboral y garantizar el 100 por 100 de participación pública en la Sociedad Anónima Estatal de Correos.