El Grupo Municipal de Izquierda Unida-Verdes ha pedido en el día de hoy, a través de una moción presentada por el concejal Cayetano Jaime, que el Ayuntamiento de nuestra ciudad exija al Gobierno regional a que mantenga el nivel presupuestario anterior a la crisis en relación a los Programas de Cualificación Profesional Inicial dirigidos a personas en riesgo de exclusión social que no han finalizado la Educación Obligatoria, permitiendo la impartición de los programas que los sustituyan a través de organizaciones no gubernamentales y que se mantengan las necesidades de financiación del conjunto de programas sociales desarrollados por fundaciones u organizaciones no gubernamentales de naturaleza social, incluyéndose en la financiación del desarrollo de los programas los gastos de gestión y mantenimiento de las organizaciones no gubernamentales.
La formación de izquierdas ha recordado que la estafa inmobiliaria y financiera y las políticas de recortes que se vienen llevando a cabo se han cebado en las políticas sociales y que desde hace muchas décadas las administraciones, para cumplir sus obligaciones, se han valido de las organizaciones no gubernamentales -que desde compromisos vocacionales, grandes dosis de generosidad y compromiso social han intervenido en la ejecución de programas sociales de diversa índole- y que el Ayuntamiento hace casi dos décadas que decidió sacar de las calles a los trabajadores sociales que realizaban una labor de cercanía en la detección y tratamiento de las necesidades sociales dejando a las ONG's casi en solitario para hacer frente a las mismas.
Sin embargo, en los últimos años, y sin que las administración regional se haya hecho cargo de la labor que realizan tales organizaciones, se ha venido produciendo un drástico recorte -y en algunos casos la total supresión- en la financiación de los programas que las ONG's llevan a cabo. Por ello, como la clave no es si la prestación de tales servicios es pública o privada, sino si se hacen o no.
En el caso de Cartagena son numerosos los colectivos afectados, como La Huertecica (drogodependencias), Carmen Conde (educación de adultos), Rascasa (inserción formativa y laboral), Murcia Acoge (inmigración) y F.S.E. (minorías étnicas) entre otras, viendo peligrar la continuidad en su labor. Un peligro que viene también a través de los obstáculos materiales que se introducen en las convocatorias al amparo de la Ley de Subvenciones, cuyos plazos temporales, exigencias de cofinanciación y los retrasos y demoras en la financiación de programas dejan a los usuarios de estas prestaciones en amenaza de desatención y a las organizaciones que las cubrían sin expectativas de continuidad.
Por todo ello, también ha pedido IU-Verdes que, en relación a la Ley de Subvenciones, se introduzcan, a través de propuesta al Gobierno de la Nación, que puedan tener carácter plurianual, cobertura total de la financiación, pago adelantado en tramos y adecuación de las convocatorias y resoluciones a las fechas de inicio de los programas, eliminando el copago de las personas usuarias de las prestaciones, así como que en relación al diseño de las políticas sociales se establezcan procesos de participación y consulta, entre los que se contemple a las entidades denominadas del Tercer Sector en atención a la acumulación de información y experiencia de éstas y que aconsejan su participación también en el proceso de seguimiento y desarrollo de los programas sociales.