Cartagena, 29 de mayo de 2014- El Gobierno nacional del Partido Popular excluye a Navantia de los denominados fondos "Reindus", de carácter comunitario y que forman parte del denominado Programa de Ayudas para Actuaciones de Reindustrialización. Se trata de una herramienta de política industrial, que se enmarca en la política regional de la Unión Europea y se aplica a las zonas que, estando incluidas en el mapa de ayudas regionales aprobado para España por la Unión Europea, sufren fenómenos de ajuste empresarial o deslocalización que provocan pérdidas de actividad industrial y destrucción de empleo. La aplicación del programa tiene como objetivo crear nuevo tejido industrial o adaptar el existente a las mejoras tecnológicas disponibles, a la vez que se disminuyen los desequilibrios económicos regionales.
Ante una pregunta formulada el pasado 4 de febrero en el Congreso de los Diputados por el diputado nacional de la Izquierda Plural José Luis Centella sobre si el Ministerio de Industria tiene prevista la posibilidad de que Navantia se vea favorecida, directa o indirectamente, de los fondos "Reindus", dado que éstos fondos soportan un porcentaje de devolución por la carencia de proyectos, el Gobierno de la Nación ha contestado de una forma negativa. Para ello ha argumentado que dicho programa está dirigido exclusivamente a sociedades que no forman parte del sector público y desarrollen o vayan a desarrollar una actividad industrial productiva, alegando que es algo que queda definido en el artículo 3 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.
Dicho argumento cae por su peso al ser la legislación esgrimida para justificar la negativa de carácter nacional, no adaptándose a ninguna directiva europea, como sería lógico al tratarse de fondos provenientes de la Unión Europea. Todo ello deja claro que la negativa a que Navantia se pueda ver favorecida por dichos fondos "Reindus" obedece tan sólo a una decisión del Partido Popular, que antepone una vez más los intereses de la empresa privada a los de la pública, poniendo en peligro la continuidad en el empleo en la misma.