El pasado 31/04/2013 Valcárcel sacó pecho y afirmó que la Comunidad había presentado un recurso de inconstitucionalidad cuando el Gobierno del Partido Socialista "cambió las reglas del juego a mitad del partido", y ha añadido que ahora, "por coherencia" y por el "daño importante" que se genera a los intereses de los inversores, "presentaremos otro recurso de inconstitucionalidad ante la reforma que plantea el Gobierno", en referencia al Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico.
Además aseguró que los diputados por la Comunidad Autónoma del PP votarían en contra de cualquier reforma que supusiera una situación de recorte a los inversores de las fotovoltaicas, que en nuestro municipio son varios cientos de familias y pequeños empresarios. Asimismo esta nueva cesión a las eléctricas supone en la práctica no solo la ruina de muchos ciudadanos de nuestra región, sino que además va a materializar una subida del recibo de la luz en los próximos meses.
La realidad una vez más ha superado las palabras huecas del presidente regional, así el 20/12/2013 los diputados del PP por Murcia, incluídos Andres Ayala y Pilar Barreiro han aprobado con sus votos la reforma eléctrica que recurrió Valcárcel. No se puede entender, que por un lado se vote a favor y por el otro se recurra, pero tampoco nos debemos de sorprender de esta actitud del PP de Murcia. Del Agua para Todos pasamos a olvidarnos del Trasvase del Ebro y a cercenar el del Tajo, y del AVE para Murcia, Cartagena y Lorca todo soterrado, hemos pasado a veremos cuando llega y en superficie.
Desde CLI-AS. Alternativa Socialista de la Región de Murcia, entendemos que, a la vista de los hechos, el gobierno debe Nacionalizar el sistema eléctrico, por considerarlo elemento estratégico e imprescindible socialmente y derogar todos los decretos retroactivos aplicados a las renovables. Elaborar un nuevo plan energético, consensuado con todas las fuerzas políticas y sociales así como los sectores afectados.
Denunciamos la inconstitucionalidad de los Decretos aprobados ya que atentan contra derechos fundamentales recogidos en la propia Constitución.