La Cofradía de Pescadores de Cartagena y la Asociación de Naturalistas del Sureste han remitido un escrito a la Consejería de Agricultura y Agua pidiendo el cumplimiento de la normativa sobre buceo de la única reserva marina de interés pesquero de la Región de Murcia, la de Cabo de Palos-Islas Hormigas (Cartagena).
Las excepcionales condiciones ambientales de Cabo de Palos-Islas Hormigas y su entorno, unido a las medidas de protección establecidas desde 1995, han permitido la recuperación de las poblaciones de fauna como en pocos lugares, lo que ha convertido a la zona en uno de los destinos de buceo más atractivos del Mediterráneo, con una repercusión muy importante en el turismo, tanto en la creación de centros y empresas de buceo como en la ocupación hotelera y sector de hostelería. Cabo de Palos-Islas Hormigas concentra aproximadamente la mitad de los buceadores que anualmente se sumergen en el litoral de la Región.
Aunque el número de buceadores autorizado quedó regulado mediante una Orden de la Consejería de Agricultura y Agua de julio de 2001, no existe control adecuado para garantizar el cumplimiento de los límites establecidos (máximo de 75 buceadores al día en temporada alta y 37 en temporada baja), cifras que se superan sobradamente según ha reconocido el mismo Servicio de Pesca y Acuicultura, sobre todo en época estival.
Esta fuerte presión del buceo, sobre todo en temporada alta, podría suponer efectos negativos para la Reserva, como se ha reconocido por investigadores de la Universidad de Murcia en los estudios de seguimiento realizados para la Comunidad Autónoma.
La misma Directora General de Ganadería y Pesca de la Región de Murcia reconocía hace pocos meses la necesidad de regular esta actividad ante la masificación en temporada alta, aunque no se ha avanzado nada al respecto, mientras la vigilancia de la Reserva cuenta con menos medios.
La Cofradía de Pescadores de Cartagena y ANSE consideran que la Comunidad Autónoma y el Estado deberían de retomar la Comisión de Seguimiento de la Reserva, como órgano de participación en la que los diferentes sectores implicados en la conservación y gestión de la zona conozcan los planes y programas de las administraciones responsables de la gestión, y puedan aportar sugerencias, opinar y participar en los diferentes aspectos relacionados con la ordenación y regulación de usos de la Reserva.
Ambas entidades están convencidas que la Consejería de Agricultura y Agua y las empresas de buceo comparten la necesidad de evitar la masificación de esta actividad en el ámbito de la reserva, y esperan que se tomen las medidas necesarias para que el cumplimiento de la normativa se haga efectivo en 2014.