La Comisión Informativa de Urbanismo e Infraestructuras, reunida esta mañana bajo la presidencia del concejal responsable del área, Joaquín Segada, ha dictaminado favorablemente la propuesta de aprobación inicial de la Ordenanza Municipal sobre simplificación administrativa en materia de implantación de actividades en el municipio de Cartagena.

El texto de la ordenanza fue aprobado recientemente por la Junta de Gobierno con el objeto de agilizar los trámites que en la actualidad requieren la apertura de negocios y establecimientos.

El dictamen ha contado con los votos favorables del Grupo Popular y de Izquierda Unida; y las abstenciones del Psoe y Movimiento Ciudadano.

Con este dictamen se inicia el trámite preparatorio para que el pleno, en una próxima sesión, debata y apruebe esta normativa. Su efecto más inmediato será que más del 70 por ciento de las licencias de actividad que en la actualidad tramita el Ayuntamiento puedan otorgarse mediante comunicación previa, en un plazo de diez días.

Este trámite abreviado de la comunicación previa será posible en cambios de titularidad o expedientes de nueva actividad en comercios de no más de 1.000 metros cuadrados o bares sin música.

No se podrán otorgar con comunicación previa todas las licencias que requieran autorizaciones ambientales especiales, como es el caso, por ejemplo, de actividades ganaderas, y las que se desarrollen en entornos protegidos desde el punto de vista patrimonial o en edificios catalogados, que tendrán que seguir su trámite habitual.

El procedimiento de comunicación previa consiste en informar al Ayuntamiento con 10 días de antelación que se va a poner en marcha un negocio, presentando tres anexos: la declaración del responsable de cumple los requisitos necesarios, el certificado técnico urbanístico y el certificado de instalaciones, documentos con los que en el plazo antes citado, puede comenzar su actividad legalmente.

Otra de las novedades de esta ordenanza es que introduce la obligatoriedad de que toda la documentación se presente en soporte informático, con lo cual todos los expedientes se alojarán en servidores seguros a los que podrán acceder técnicos y jurídicos.

Por último, también se modifica el plazo de información pública, que de 20 días pasa a 10, se reduce a la mitad y agiliza aún más el proceso. Esta reducción es para todas las licencias salvo las que siguen procedimientos especiales, que tienen sus propios plazos.