En relación con las distintas declaraciones que se viene efectuando sobre un problema relacionado con el ejercicio de la prostitución en una zona de Cartagena, la Delegación del Gobierno quiere zanjar el falso debate competencial establecido por quienes parecen más interesados en eludir sus responsabilidades que en cumplir con sus obligaciones y solucionar dicho problema, mediante la siguientes puntualizaciones:

1°.- El ejercicio voluntario de la prostitución no constituye delito alguno.

2°.- Los problemas e inconvenientes que la prostitución callejera pueda acarrear debe ser, por tanto, abordado desde el punto de vista de gobierno de las ciudades, de la convivencia vecinal, de la paz, tranquilidad y sosiego de los ciudadanos, y todo ello entra en lo que la Ley de Bases de Régimen Local llama "seguridad pública". Es decir, es competencia municipal.

3°.- Estas competencias en materia de seguridad de los ayuntamientos obliga a éstos a dictar las normas, bandos u ordenanzas destinados a regular el ejercicio de la citada actividad de forma que, junto a la protección de los derechos de quienes la ejercen, se preserve también el derecho de los ciudadanos al libre disfrute de un espacio público seguro y de convivencia pacífica.

Con independencia de lo anterior, la Delegación del Gobierno ratifica su voluntad de colaboración con el Ayuntamiento tratando el tema en la Junta Local de Seguridad, cuya convocatoria corresponde a la alcaldesa de la ciudad.