El Tribunal de Cuentas ha ratificado la legalidad de las actuaciones del Ayuntamiento de Cartagena respecto de la gestión de la Entidad de Conservación de Mar de Cristal, en contra de la denuncia formulada en 2007 por José Castellanos, presidente de la asociación de vecinos Ribalta.

Castellanos no sólo denunció la existencia de irregularidades contables en la entidad, sino que pidió que se depurasen responsabilidades en el Ayuntamiento por entender que desde el gobierno municipal se le habían otorgado subvenciones utilizadas en esos supuestos comportamientos ilícitos.

En septiembre pasado el Fiscal dejó clara la total legalidad de la contabilidad de la entidad de Conservación, permanentemente acreditada por auditorías anuales a las que las cuentas se sometían por voluntad del presidente de la entidad.

La Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha concluido en el auto que acaba de comunicar al Ayuntamiento que, en cualquier caso, no habría existido responsabilidad por alcance del Ayuntamiento porque, como ha defendido públicamente el Gobierno, no se ha acreditado ninguna subvención municipal a la entidad y que las únicas ayudas han sido las destinadas al acondicionamiento y mejora de infraestructuras.